La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña (PIL), concedió la cédula de habitabilidad a varias promociones urbanísticas dentro del Plan Parcial Playa Blanca después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara las bases de ejecución de ese plan y de que el Cabildo advirtiera desde el año 2004 de que el plan estaba extinguido.
Acuña firmó las cédulas para treinta viviendas en abril de 2008 para una promoción de VVO, y en junio de ese año para doce viviendas promovidas por Gex Hipotecaria y veintiséis para Construcciones Mardo, del empresario Alfredo Díaz, promotor también de los hoteles Iberostar Papagayo, con licencia anulada.
El anterior alcalde, José Francisco Reyes, concedió entre junio y noviembre de 2007 cédulas de habitabilidad para 264 viviendas de siete promociones distintas. Entre los promotores se encuentra las empresas Agueri, Palmera canaria y Alabena, representadas por Federico Díaz de Aguilar.
También se conceden a Hornabeque, Ayamar, Lacan Terrae y Luna de oro, esta última de Domingo Rodríguez Cedrés (tío del entonces concejal de urbanismo José Antonio Rodríguez) y a Tío Pino 2, representada por Martín Robayna Rodríguez, aparejador en excedencia de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife y citado por la Fiscalía como uno de los funcionarios que podría haber participado en la trama del catastro de Arrecife.
Extinguido
El Plan Parcial Playa Blanca quedó extinguido por la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes 6/2001 del Gobierno de Canarias. Sin embargo, Reyes concedió la licencia que autorizaba el proyecto de urbanización en diciembre de 2003.
En marzo de 2004 el Cabildo, presidido por Mario Pérez (CC), advierte al Ayuntamiento de la nulidad del plan parcial y éste se lo notifica a la Junta de compensación del plan parcial, que se opone a la nulidad y a la paralización de su urbanización presentando un informe del abogado Ignacio Díaz de Aguilar.
Además, las licencias se concedieron aplicando un proyecto de modificación del plan parcial que cambiaba el uso turístico al residencial que nunca se ha llegado a aprobar y que tiene hasta tres informes negativos del Cabildo y de la Cotmac del Gobierno de Canarias.
Recursos
El Cabildo y la Fundación César Manrique interpusieron varios recursos contenciosos contra el desarrollo del plan parcial, habiendo ganados todos ellos. El Gobierno también recurrió la aprobación en pleno municipal en 2003 de la bases del plan parcial. Esas bases y sus estatutos los anuló el TSJC en febrero de 2008. Conociendo esa sentencia y las advertencias del Cabildo, Acuña concedió cédulas de habitabilidad para 68 viviendas el 25 de abril, el 11 y el 18 de junio.
Sólo unos días después, el 2 de julio de 2008, se anuló la licencia del proyecto de urbanización, con una sentencia que se convirtió en firme con otro fallo del TSJC en junio de 2009, anulando todo el plan parcial y todas las licencias concedidas en el mismo.
La justicia también ha validado el acuerdo del Cabildo que suspendía las licencias otorgadas y ha desestimado los recursos de los promotores contra esa suspensión. Las licencias las otorgó Reyes entre noviembre de 2004 y mayo de 2006 para un total de 769 viviendas.
Legalización
Los promotores del plan parcial pretenden conseguir un encaje legal para las viviendas y se ponen sobre la mesa los derechos de los terceros compradores de buena fe, afectados por esta situación. Los promotores, sin embargo, conocían el criterio del Cabildo antes de comenzar las obras de la mayoría de las urbanizaciones de ese plan parcial.
ACN Press
