La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, Aculanza, ha exigido a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias que proceda a realizar una inspección en Inalsa, relacionada con el agua que están consumiendo los vecinos del sur de la isla. Además, ha pedido que, si es necesario, se abra un expediente sancionador a la empresa, en el que se deberán concretar compensaciones para los vecinos por haber sufrido durante tantos años un suministro "inadecuado e insalubre". Asimismo, ha pedido que se "determinen" las responsabilidades que pudiera tener la empresa en este caso.
El presidente de Aculanza, Fernando Jiménez, ha expuesto los problemas que están sufriendo los vecinos de Femés, Maciot, Las Breñas, Las Casitas, Yaiza, El Golfo, Uga, La Degollada, La Hoya, Playa Quemada, Puerto Calero y Playa Blanca. "Están recibiendo un producto básico, el agua de abasto, con una calidad insalubre, con informes negativos emitidos por responsables en materia de Salud Pública, como así lo ha manifestado el presidente del Cabildo y el director del Área de Salud de Lanzarote", ha asegurado Jiménez, que ha recordado que el agua contiene "niveles muy elevados de hierro".
Aculanza ha indicado que desconoce si "hay visos concretos de una compensación en tiempo y forma por los daños causados y el perjuicio" que han podido sufrir los vecinos "en términos de salud y de economía". "Tras un primer arreglo de la red, los ciudadanos también se encontraron con un depósito insalubre y sin la compartimentación adecuada, retrasando aún más un suministro idóneo", ha denunciado esta asociación.
Por todo ello, Aculanza considera que se está vulnerando la Constitución Española referente al derecho a la salud. "Los consumidores deben disponer de unos bienes y servicios seguros y de calidad, que tengan la información suficiente para poder elegir entre distintos productos y que dicha información, además, sea veraz", ha señalado. Además, según esta asociación, Inalsa también está vulnerando la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cobro estimado en las facturas eléctricas
Por otro lado, Aculanza también ha denunciado el cobro aprobado por las empresas comercializadoras de electricidad. "Éstas no están realizando la lectura de contadores sino cada dos meses, realizando una estimación. En la mitad de las facturas se refleja un consumo estimado y no real, basado en la energía consumida en el mismo periodo del año anterior", ha criticado la asociación de consumidores, que ha considerado que estas prácticas "son contrarias a la legislación en materia de protección de los consumidores".
Por ello, Aculanza solicitará a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias que proceda a realizar inspecciones a las empresas involucradas y que, si lo considera necesario, inicie expedientes sancionadores contra ellas. En este sentido, la asociación pide que se den las "acciones pertinentes para corregir esta anomalía de la compañía suministradora de servicio eléctrico, como así se ha hecho en otras comunidades autónomas".
Como antecedente, el colectivo de consumidores ha explicado que la Comunidad de Madrid anunció un expediente sancionador de 3,87 millones de euros a tres eléctricas por los mismos motivos.
