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El miembro de AC acusa al alcalde, Miguel Martín, y a los concejales Juan Antonio De la Hoz, Olimpia Martín, Ángela Aparicio, José Manuel Morales, Pedro Reyes, María Ángeles Millán, Candelaria Ledesma, Carlos Martín, Javier Betancort, y Cándido Reguera -concejal hasta julio de 2004-;junto a Emilio García, representante de la mercantil Garpalanz S.L.; Valentín González, representante de la mercantil Soegan Lanzarote S.L.; Julio González, arquitecto técnico, y a Braulio Martín, hermano del alcalde y administrador de la Junta de Compensación de Unidad de Actuación número 4 de la Zona Industrial de Playa Honda, de varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, delito contra la ordenación del territorio y contra el Patrimonio Histórico.
Sin ningún técnico municipal
Según González, con la firma del convenio entre el alcalde, Miguel Martín, y la mercantil Soegan Lanzarote S.L., en junio de 2003, por el que el Ayuntamiento se comprometía a excluir la vivienda del Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico, conceder licencia para segregar y licencia de construcción de 41 viviendas, se vulneraba un acuerdo plenario de octubre de 2002, por el que se había acordado la suspensión de concesión de licencias y la inclusión de la citada casa en dicho Catálogo.
Tras denegar el grupo de gobierno la suspensión del convenio propuesta por la oposición, según Alternativa Ciudadana, el alcalde firmó con la mercantil Garpalanz S.L. un nuevo convenio por el que el Ayuntamiento se comprometía esta vez a reconstruir el inmueble, haciéndolo finalmente bajo los costes y condiciones dictados por esta empresa, y "sin que ningún técnico municipal interviniera ni lo valorara, ni acreditara su viabilidad, tal y como se había acordado en pleno".
Como contraprestación al coste de 377.000 euros por la adquisición del solar y la ejecución de la obra, el Ayuntamiento de San Bartolomé quedaba obligado a transmitir a la mercantil dos fincas: la parcela 8 del proyecto de compensación de la Unidad de Actuación número 4 de la Zona Industrial de Playa Honda, y una porción indeterminada de suelo urbano dentro de la parcela 11 de esta zona industrial, equivalente a 94.468 euros.
Aparte de la ausencia de técnicos municipales, González argumenta que no se realizó concurso público alguno para adjudicar la obra del centro socio cultural, que la mercantil fue directamente la empresa adjudicataria, que el acuerdo no fue a Pleno y que tampoco se informó del mismo a la oposición.
Unidad de actuación
En cuanto a la Unidad de Actuación número 4 de la Zona Industrial, el concejal de AC denuncia los propietarios de las fincas de ese Unidad, reunidos en el Junta de Compensación de la misma, fijaron con el alcalde y el edil Carlos Martín nuevas condiciones de edificabilidad, aumentando al doble el coeficiente de edificabilidad de la zona.
Según esgrime González, por este nuevo compromiso el equipo de gobierno modificaría las Normas Subsidiarias del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, aún en fase de redacción, siempre que los propietarios entregaran al Ayuntamiento 125.000 euros, cantidad exacta según AC para satisfacer una indemnización a un vecino al que se le ocuparon 1.042 metros cuadrados en la zona industrial en 1995.
En definitiva, José Antonio González denuncia el intento de enriquecer a una entidad privada a costa del interés general, ya que el solar de la UA-4 era de dominio público y fue permutado por un precio muy inferior al de su valor en el mercado.
