El grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, Alternativa Ciudadana (AC), considera que el actual grupo de Gobierno tiene la "obligación legal, moral y política de solicitar la ejecución de la sentencia" que anuló en 2006 la licencia de construcción del aparcamiento Islas Canarias y que fue ratificada por el Tribunal Supremo en el mes de enero. Con esta convicción, solicitarán en el próximo pleno de Arrecife que hagan efectivo el fallo y que busquen "responsabilidad penal" por una "supuesta prevaricación" en el anterior grupo de Gobierno.
Todo, cuando el pasado 6 de febrero, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento nombró a Felipe Fernández Camero para que en nombre del Consistorio "se dirija y manifieste al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la imposibilidad material y legal de ejecutar la sentencia". Una iniciativa que califican de "insólita, inaudita e inmoral" por elegir, además, a un representante que fue inhabilitado como secretario del Ayuntamiento.
Por este motivo, y nuevamente apelando a la moral, piden que se deje sin efecto este nombramiento y exigen que se expliquen "los motivos legales" en los que quieren basar la inejecución de la sentencia, advirtiéndoles que "no pueden ser cómplices de los actos ilegales cometidos por el anterior grupo de Gobierno".
AC requerirá, por tanto, que se "repruebe" en el pleno esta actuación por parte del anterior grupo de gobierno y que se "acuerde iniciar el correspondiente expediente judicial, para exigir responsabilidad penal sobre la citada actuación".
En la moción, critican además que "una obra ilegal esté generando beneficios económicos no sólo a los beneficiarios sino a dos industrias instaladas en su interior", ante lo que van a plantear que se llegue a un acuerdo con la entidad explotadora para que el uso del aparcamiento Islas Canarias sea "gratuito" mientras se ejecuta la sentencia, ya que entienden que "debe imperar el interés general por encima del interés económico de un particular de un espacio público donde se ha construido ilegalmente".
Las razones
AC se ampara en los argumentos esgrimidos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que el pasado 16 de marzo anuló la licencia por incumplir tanto el propio Plan General de Ordenación de Arrecife, como la normativa de Puertos, para apelar a la responsabilidad política.
La sentencia de 2006 del TSJC respondía a un recurso interpuesto por la Fundación César Manrique que había detectado irregularidades. Tras el fallo, el grupo de Gobierno y la entidad concesionaria presentaron otro recurso de casación que el Tribunal Supremo inadmitió el pasado mes de enero y que hace firme de sentencia. El Ayuntamiento contaba con 60 días para "restaurar la legalidad infringida", sin que hasta el momento la sentencia haya tenido consecuencias.
