El Ayuntamiento de San Bartolomé aprobó ayer por la tarde en la sesión extraordinaria del Pleno el Catálogo Arquitectónico Municipal, que comprende los bienes inmuebles que constituyen el Patrimonio Histórico - Cultural del municipio.
Un total de 93 viviendas han entrado en esta relación. A partir de ahora, se ha abierto el plazo de alegaciones por parte de los vecinos afectados, que tendrán la oportunidad durante el próximo mes de hacer valer sus propias consideraciones respecto a la conveniencia o no de proteger sus casas.
La aprobación de este punto llevó a los concejales del Ayuntamiento a convocar el pleno extraordinario, ante el temor de que algunos vecinos contrarios a que sus casas se incluyeran en el Catálogo solicitaran con efecto inmediato un expediente de derribo.
Alternativa pidió la palabra y señaló que se trata de un proceso que comenzó en 2002 y pidió que a partir de ahora se informara a todos los vecinos afectados sobre el estatus que han adquirido sus inmuebles.
Un proceso demasiado largo
Por su parte, Juan Antonio de la Hoz, concejal de Cultura y responsable político de la iniciativa, reconoció que el proceso se ha alargado demasiado tiempo, pero aseguró que así ha sido por el bien de los propios vecinos, al estudiar los técnicos municipales cada una de las viviendas susceptibles de protección. Recordó también que los edificios seleccionados lo han sido en función de su valor histórico, arquitectónico y artístico.
En cualquier caso, De la Hoz aseguró que la mayoría de los vecinos ya han visitado el Registro municipal para conocer de primera mano el contenido del catálogo. Además, a pesar del retraso patente en la elaboración del documento, se han cumplido los plazos legales.
Por otra parte, confirmó el grupo de Gobierno que el catálogo no está cerrado y que tras el período de alegaciones podría sufrir ciertos cambios, ya sea para aumentar o para disminuir el número de inmuebles protegidos. Y así, los habitantes del municipio pueden dirigirse al Ayuntamiento si consideran que su inmueble es digno de la conservación.
El documento establece grados de protección, de manera que en ciertos casos cabe incluso el cambio de uso del interior de los edificios. También en ciertos casos concretos cabe la realización de obras de remodelación.
Compromisos
De hecho, el Gobierno local ha adquirido una serie de compromisos con los vecinos afectados que tratan de estimular y apoyar la protección de las casas catalogadas. "El Ayuntamiento participará activamente en el mantenimiento de las viviendas", aseguró De la Hoz.
Cuatro son las vertientes de ayuda a los vecinos afectados. Por un lado, cualquier obra de modificación será bonificada con un 95 por ciento en concepto de tasas.
Asimismo, los habitantes de esas viviendas quedan exentas de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Además, la Corporación se comprometió a prestar personal y material para la conservación de las fachadas, mientras que cualquier obra de remodelación, siempre que no vaya en contra del grado de protección, será sufragada por el municipio en un 50 por ciento.
La polémica de la zona industrial
El Ayuntamiento aprobó en un ambiente de gran crispación entre Gobierno y oposición el convenio suscrito con la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación número cuatro de Suelo Urbano no Consolidado por la Urbanización en la zona industrial de Playa Honda.
Recientemente, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo acusó al alcalde del municipio de favorecer con el convenio a su propio hermano, que forma parte de la Junta de Compensación.
José Antonio González, concejal de AC-25M, criticó severamente en declaraciones a LA VOZ la actitud del grupo de Gobierno dirigido por Miguel Martín en lo relativo a los cambios acaecidos por supuesta mediación del alcalde en la ordenación de la zona industrial. "Hemos denunciado el pelotazo de la zona industrial, donde se pretende duplicar la edificabilidad para beneficiar, entre otros, a un hermano del alcalde. Los enchufes en todos los departamentos son constantes", señaló González.
Como explicó el concejal de Alternativa, "el alcalde llegó a una serie de acuerdos con los propietarios de la zona para duplicar el coeficiente de edificabilidad, que pasa de 0.85 a 1.60 con la excusa de que se quiere eliminar los retranqueos, o sea, los huecos que quedan entre las distintas naves del sector número cuatro para que no se acumulen allí los residuos". Aunque lo sorprendente en este caso, según González, es que se pasara el coeficiente a más de un 100 por ciento, que hubiera sido suficiente para rellenar los espacios vacíos, lo que en la práctica significa que los propietarios podrán aumentar la altura de sus naves hasta los dos pisos".
Y así, partiendo de la denuncia "grave" realizada por la oposición, ya que los socialistas apoyaron en cierta medida los argumentos de Alternativa, Miguel Martín se retiró del debate de este punto del orden del día, alegando hacerlo "para que el Pleno pueda debatir libremente".
No obstante, no lo entendió así González, que llamó la atención de los conejales sobre el hecho de que así debía proceder el alcalde a la hora de la suscripción del convenio y al celebrarse las comisiones informativas, y no ahora, que "parece que se ha dado cuenta que pudiera incurrir en un delito".
Otra vertiente
Pero además, como señalaron los partidos de la oposición, la polémica de la parcela número cuatro tiene otra vertiente. El aumento de la edificabilidad de la parcela, donde está incluido un solar de 1.141 m.² propiedad del ayuntamiento -cedido a la constructora Garpalanz, S.L. como parte del pago por la restauración de la casa derribada en la Plaza del Carmen-, pasa a tener una edificabilidad de 1.827 m.², por lo que su valor crece en un 60%.
Sin embargo, a la hora de la tasación del solar, siempre según la oposición, se tuvo en cuenta la edificabilidad anterior al aumento del coeficiente. Tanto AC como el PSC acusaron al grupo de Gobierno de infravalorar el solar en perjuicio de los ciudadanos de San Bartolomé.
Según el concejal de Alternativa, "el alcalde votó a favor de realizar este convenio urbanístico en la Junta de Gobierno celebrada el día 18 de febrero de 2005, a pesar de que su hermano era uno de los interesados en el mismo, con lo que ha podido incurrir en un claro delito de prevaricación al no abstenerse en este asunto".
