Cuando Erika llegó a Lanzarote hace más de 30 años cargaba con el peso de haber sido víctima de violencia sexual en la infancia. En su país natal, Colombia, sufrió una violación grupal que no solo destrozó su autoestima, sino también su esperanza de seguir viviendo. Luego, llegó el horror de la violencia de género que sufrió durante más de 23 años.
En la actualidad, Erika vive esperando ser desahuciada de la vivienda en la que reside en Argana Alta, en Arrecife, junto a su hijo adolescente, mientras batalla por obtener la eutanasia y poner fin al dolor físico y mental que padece.
La epilepsia hace que sufra ataques frecuentes y repercute en la duración de sus empleos. "Muy difícil mantener un trabajo con una clase de enfermedad como esta. Convulsionas y a la gente no le interesa tener una persona convulsionando y menos que se caiga al suelo y se golpee", relata en una entrevista con La Voz.
Estos ataques frecuentes a veces hacen que Erika convulsione, se le cierre la tráquea y no pueda respirar, empiece a hiperventilar, pierda el conocimiento y se caiga al suelo. En otras ocasiones, comienza a temblar y se golpea sin darse cuenta a causa de los espasmos involuntarios.
Esta enfermedad crónica, que se agrava en los momentos de estrés, se suma a las secuelas de haber sobrevivido a la violencia sexual y de género, y ha llevado a Erika a plantearle a su médico la opción de pedir la eutanasia. A pesar de que el facultativo se opone, esta vecina de Arrecife lamenta: "Yo creo que si yo sigo viviendo van a seguir pasando cosas".
Toda esta compleja situación empeora con la falta de vivienda que padece Lanzarote, con una escalada de precios constante. Su lucha por lograr la eutanasia, también conocida como suicidio asistido, se topa además con una orden judicial para desahuciarla a ella y a su hijo por impago del alquiler.
"Terminar mi vida así es duro", relata Erika. El lanzamiento está previsto para el 25 de septiembre a las 9.00 horas de la mañana y llega en un momento en el que esta vecina de Arrecife no tiene fuerzas para seguir viviendo.
En el centro de salud, su médico de cabecera la derivó hace dos meses a las consultas de Psiquiatría y Psicología, pero aún no ha recibido la llamada de los especialistas. "Como soy demasiado cobarde para matarme, he solicitado la eutanasia", expone.
Aunque toma medicación para la epilepsia, esta vecina de Arrecife narra que los episodios de ataques epilépticos son cada vez más frecuentes e intensos. Además, también está recibiendo antipsicóticos y antidepresivos.
Las alternativas habitacionales que le quedan son prácticamente inexistentes. Se inscribió como demandante de alquiler social en Arrecife, pero tampoco ha recibido esa llamada. "Yo no quiero nada gratis, yo quiero una casa de alquiler social, que yo no quiero nada gratis", reitera en una conversación con este medio. "Por lo menos el tiempo que me quede, que lo viva dignamente y no en una calle", ruega en una llamada llena de desesperación.
En la casa en la que vive actualmente y de la que dejó de pagar el alquiler el pasado diciembre tras las lluvias del invierno, Erika describe que pagaba "algo muy económico, 420 euros" por una vivienda en la que "el techo se cae, se caen los trozos, hay partes abombadas y agujeros increíbles". Además, "media casa no tiene luz, está infrahumanamente apta para vivir, pero fue lo que encontré".
También ha tocado la puerta de los albergues, pero señala que el horario, en el que tiene que salir temprano en la mañana y no puede volver hasta por la noche, le dificulta poder descansar. "¿Qué hago si yo tengo que tener un descanso por la epilepsia?", se cuestiona.
La decisión judicial de desahucio
La Sección Civil de la Plaza número 6 del Tribunal de Instancia de Arrecife ordenó desahuciar a Erika por el impago de las rentas de la vivienda en la que reside en Argana Alta y pagar a la propietaria del inmueble 2.940 euros.
Pese a que Erika alegó que había sufragado el mantenimiento de la vivienda, que realmente correspondía a la propietaria, el juzgado desestimó su argumento por falta de pruebas y será desahuciada de la vivienda junto a su hijo menor de edad a mediados de septiembre.
Además, la Sala desoyó un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife y resaltó que dicho documento "por sí solo" no constituye "un elemento suficiente" para suspender el lanzamiento y que faltó acreditar su situación económica, familiar o habitacional.
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