Los sindicatos UGT, CCOO y SPPLB, que ostentan la representación mayoritaria de los empleados públicos del Ayuntamiento de Yaiza, han presentado una reclamación formal ante el Pleno de la corporación contra la aprobación inicial del Presupuesto General de 2026.
Las organizaciones sindicales solicitan la nulidad de las partidas de personal al considerar que el documento incurre en "graves infracciones legales" y que el grupo de gobierno ha eludido la negociación colectiva obligatoria durante su tramitación.
Los sindicatos denuncian un bloqueo del diálogo social
El Comité de Empresa y los delegados de Personal Funcionario aseguran que existe una "nula capacidad de negociación y diálogo social" por parte del alcalde. Según exponen, el pasado mes de abril se constituyó la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo y se aprobó un calendario para celebrar reuniones cada quince días. Sin embargo, afirman que "dos meses después" no se ha convocado ninguna sesión.
También sostienen que el Ayuntamiento aún no ha constituido la Mesa Negociadora del Acuerdo de Funcionarios, pese a haber transcurrido más de 60 días desde el compromiso adquirido.
Además, UGT y CCOO critican que el presupuesto de 2026 se tramitara mediante una "dación en cuenta", lo que, a su juicio, vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público al no haberse negociado previamente con la representación sindical.
Alegaciones sobre la plantilla
En el escrito presentado, los sindicatos cuestionan varias decisiones incluidas en el presupuesto, entre ellas la amortización de nueve plazas vacantes —ocho de personal laboral fijo y una de funcionario—, así como la creación de cinco nuevos puestos sin que exista, según indican, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada.
Asimismo, denuncian modificaciones retributivas "unilaterales" en determinados complementos salariales y sostienen que el incremento del nivel de los funcionarios habilitados nacionales "se ha realizado sin criterios objetivos ni negociación previa".
Falta de personal en servicios municipales
Las organizaciones sindicales aseguran que el Ayuntamiento mantiene una elevada tasa de vacantes debido a la escasa ejecución de las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores, una situación que, según afirman, repercute en departamentos como la Oficina Técnica, Servicios Sociales, Recursos Humanos o el Servicio de Atención Ciudadana de Playa Blanca.
En materia de seguridad ciudadana, cifran en 18 las plazas sin cubrir en la Policía Local: un subinspector, siete oficiales y diez agentes.
También señalan la falta de personal en el Parque Móvil, donde aseguran que no existen efectivos suficientes en puestos como fontaneros, electricistas, operarios de mantenimiento o personal de limpieza viaria, así como la ausencia de controladores en los Ajaches y en el Parque Nacional de Timanfaya.
"Privatización encubierta"
Los sindicatos sostienen que la reducción de personal responde a una estrategia para incrementar la contratación de servicios externos. En este sentido, afirman que el Ayuntamiento está destinando más recursos al Capítulo 2 del presupuesto, correspondiente a gastos corrientes y servicios, con el objetivo de favorecer una "privatización y externalización encubierta de los servicios municipales esenciales", lo que, a su juicio, podría constituir un "fraude de ley" al sustituir empleo público por contratas privadas.
Por todo ello, las organizaciones sindicales solicitan al Pleno que paralice la aprobación definitiva del presupuesto de 2026 y reclaman la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación, la reactivación del calendario pactado para el convenio laboral, la constitución de la Mesa de Funcionarios, la cobertura de las 18 plazas vacantes de la Policía Local y la paralización de las externalizaciones de servicios.