La Plataforma Residencias Dignas ha criticado la decisión del grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote —integrado por Coalición Canaria y Partido Popular— de rechazar la creación de una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos en las residencias de mayores AMAVIR en Tías y Haría.
Los hechos, conocidos en las últimas semanas a través de informaciones y material audiovisual, apuntan a presuntas vejaciones y conductas inadecuadas hacia personas mayores, lo que ha generado una fuerte preocupación social. Desde la plataforma expresan además su indignación por la actitud de algunos trabajadores, que, a su juicio, evidencia falta de vocación y formación.
Ante esta situación, Residencias Dignas considera incomprensible la negativa del Cabildo a investigar y advierte de que esta decisión debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En este contexto, la organización ha mostrado su respaldo a la iniciativa defendida en el pleno por el consejero del Grupo Mixto, Óscar Noda, dirigida a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control en los centros sociosanitarios.
Asimismo, subraya la necesidad urgente de incrementar el número de inspectores especializados para realizar controles frecuentes y sin previo aviso, así como de mejorar las ratios de personal de atención directa en las residencias.
La plataforma insiste también en que cualquier proceso de análisis o mejora debe contar con la participación activa de familiares, profesionales del sector y colectivos de defensa de los derechos de las personas mayores, con el fin de obtener una visión completa de la situación.
Por último, reclama al Cabildo que reconsidere su postura y actúe con la responsabilidad que exige un asunto de esta magnitud. Residencias Dignas reafirma su compromiso de seguir apoyando iniciativas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, a la mejora del sistema de cuidados y al respaldo de residentes y familias de centros públicos y privados en Canarias.
En términos generales, la organización concluye que las personas usuarias de residencias necesitan un mayor compromiso político que permita avanzar hacia un acuerdo marco que garantice una atención adecuada, tanto para quienes residen en estos centros como para quienes permanecen en sus domicilios, al margen de las discrepancias políticas.
