La directora general de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, asegura que la compra de viagra, cargada a las cuentas de un centro de menores migrantes en Lanzarote, se hizo con prescripción médica.
Serrano asevera que tiene en su poder la receta expedida por un trabajador del Servicio Canario de Salud (SCS) en el año 2020 para un joven tutelado de 17 años del centro de menores de La Santa.
La compra de viagra fue uno de los pagos cuestionados por el fiscal Anticorrupción Javiér Ródenas en su querella contra los exdirectores de los centros de menores de Lanzarote, Gran Canaria y contra la empresa que gestionaba los servicios Fundación Respuesta Social Siglo XXI.
Según recoge la Fiscalía Anticorrupción en la querella presentada contra el exdirector del centro de menores migrantes de La Santa, se realizaron compras en farmacias con cargo a los centros de "productos no actos para menores".
Entre ellos, se compraron dos cajas de cuatro comprimidos cada una de Sildenafilo Cinfa Efg 25 migramos, un medicamento para tratar la disfunción eréctil y que, según expone la Fiscalía, "no está recomendado en menores de 18 años".
"Tengo en mi poder una receta expedida en 2020. Esa receta existe y entendemos que ese facultativo ha prescrito esa receta", asegura Serrano ante los micrófonos de Radio Lanzarote-Onda Cero.
"Yo no sé cuál es el motivo, quiero pensar que a lo mejor es un chaval al que han tenido que operar de una fimosis y que durante unas semanas le han recetado esta medicación para ver si había respuesta", explica.
Reparto de competencias
La Dirección General de Infancia del Ejecutivo regional es tutora legal de menores y presuntos menores en declaración provisional de desamparo.
En periodo de más llegadas de menores en embarcaciones precarias a las islas tramitan contratos de emergencia para dar acogida y atención a niños y jóvenes.
Durante el repunte migratorio de 2020 y 2021 fue necesario adjudicar por la vía de emergencia varios contratos de gestión de varios centros. Entre ellos, la coordinación en La Santa y en Yaiza fue adjudicada a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.
"Las necesidades básicas estaban cubiertas. Que hay un momento caos en 2021, sí, pero se solucionó", defendió Serrano sobre los problemas en Gran Canaria.
"Los técnicos se han encargado de visitar todos los centros y cuándo se han detectado objetivos de mejora, se ha trasladado para solucionarlo", explica.
Sobre la querella de Fiscalía que cuestiona la falta de supervisión en los contratos tramitados por la vía de emergencia, Iratxe Serrano asevera que se han hecho visitas periodicas.
Además, destaca que la labor que se realiza desde su área es de "supervisión", pero que la "inspección" de los recursos le corresponden a otra viceconsejería.
"Yo misma califiqué en un momento determinado que el (centro) de Portobello en Gran Canaria parecía Beirut, entonces se mandaron a los técnicos", añade.
En el caso de Lanzarote, "los menores son tutelados por la Comunidad Autónoma pero el Cabildo asume la guarda a través de un decreto de 1997 o 1998". O lo que es lo mismo, "los recursos de la isla de Lanzarote no son de gestión autónoma", pero los menores sí son su responsabilidad.
Sobre el control sobre los gastos, Iratxe Serrano afirma que "las facturas que emite la Fundación a final de mes curiosamente nunca son iguales porque varían en función de la ocupación". Los centros de menores migrantes de Gran Canaria y Lanzarote cobraban por plaza y noche ocupadas.
La falta de fiscalización de los contratos "tienen su sentido por las características del contrato", revala Serrano. El hecho de que el contrato sea por la vía de emergencia se sustenta en que depende del número de llegadas de menores para necesitar abrir o no nuevos centros.
Sobre el resto de gastos no justificados expuestos en la sentencia, Serrano confiesa: "Esa parte no la puedo argumentar"
