Según la investigación de la UCO, las presuntas actividades delictivas continuaron tras el desembarco de la Operación "Unión"

Rafael Arrocha siguió cargando facturas presuntamente "fraudulentas" al Ayuntamiento tras su primera detención

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4 de junio de 2010 (23:49 CET)
Rafael Arrocha siguió cargando facturas presuntamente fraudulentas al Ayuntamiento tras su primera detención
Rafael Arrocha siguió cargando facturas presuntamente fraudulentas al Ayuntamiento tras su primera detención

Además de destapar nuevas redes de presunta corrupción, la Operación "Jable" demostraría que tras las primeras detenciones del 25 de mayo de 2009, la corrupción no desapareció de las instituciones lanzaroteñas. Eso es al menos lo que se desprende de la investigación de la UCO, que considera que el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, siguió cargando facturas presuntamente fraudulentas al Ayuntamiento capitalino tras su primera detención hace más de un año, con las que habría seguido obteniendo presuntos beneficios económicos.

Arrocha, que fue arrestado el 25 de mayo de 2009 en la Operación "Unión", quedó posteriormente en libertad, imputado por "revelar información a la que ha tenido acceso por razón del cargo e información privilegiada". Sin embargo, recuperó su puesto al frente de la Oficina Técnica, pese a que es un cargo de libre designación, y seguía siendo jefe de este departamento cuando volvió a ser detenido el pasado mes de abril en el marco ahora de la Operación "Jable".

Y lo más significativo es que los nuevos hechos que se le imputan ahora no sólo están relacionados con lo sucedido en años anteriores, sino también en los últimos meses tras su detención, en los que supuestamente, y siempre según la investigación, continuó llevando a cabo actividades presuntamente delictivas desde la administración.

Algo que choca con el criterio mantenido por la Audiencia Provincial en el auto con el que ordenó excarcelar al concejal Antonio Machín, en el que se descarta incluso el peligro de reincidencia como argumento para mantener la prisión provisional. "A la vista de la repercusión mediática que ha tenido este procedimiento en la isla conejera, no parece que se le ocurra ni al imputado pedir o aceptar, ni a un empresario ofrecer o pagar comisión alguna, por lo que no se considera que exista temor de que el imputado vuelva a cometer este delito de cohecho", sostiene el auto, en contra de lo que mantiene la investigación de la UCO, al menos en lo que respecta a Rafael Arrocha.

Cohecho y otros delitos

A raíz de su segundo arresto, Arrocha fue imputado también por presuntos delitos de cohecho, además de otros relacionados con su actividad como funcionario público, y el juez César Romero Pamparacuatro decretó para él prisión provisional. De las cuatro personas para las que se adoptó esta medida tras las detenciones de la Operación "Jable", sólo Rafael Arrocha continúa en la cárcel, concretamente en la prisión grancanaria de Salto del Negro.

Mientras que en la primera fase de la Operación "Unión" se le imputó por haber participado en el presunto amaño de la adjudicación del Plan General de Arrecife, ahora se le acusa también de haber cobrado presuntos sobornos a cambio de gestiones derivadas de su función pública. Por sus manos pasaban contratos, facturas y casi todos los temas del Ayuntamiento que dependieran de una supervisión técnica. Entre otras cosas, se encargaba de avalar anualmente el porcentaje en el que iba a subir la cantidad que el Consistorio paga a Urbaser, en virtud del contrato firmado en tiempos de María Isabel Déniz.

Además, Rafael Arrocha compartió una empresa privada (Gamma 3) con otros dos imputados, Julio Romero y Manuel Spínola, que presuntamente emitía facturas bajo sospecha al Consistorio de Arrecife.

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