Los trabajadores de la empresa KUO Seguridad asignados al servicio de vigilancia de la Escuela de Arte Pancho Lasso en Lanzarote se han puesto en contacto con La Voz para denunciar públicamente la situación de "absoluto desamparo, vulnerabilidad e indefensión jurídica" en la que se encuentran desde el pasado 1 de agosto, debido a la "nefasta gestión empresarial y a la falta de fiscalización por parte de las administraciones públicas".
Como se recordará, esta empresa también es la encargada de la seguridad de la Escuela de Pesca de Lanzarote, que a finales de julio informó a sus trabajadores, unos 1.300 en toda España, que no debían incorporarse a sus puestos a partir del 1 de agosto.
La empresa KUO Seguridad, que ha entrado en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio, "ha abandonado de forma fulminante el servicio de vigilancia de la escuela desde el pasado 1 de agosto".
"A pesar de la urgencia por cubrir la seguridad del centro, ninguna otra empresa del sector puede asumir el servicio mediante un contrato de emergencia", aseguran. El motivo es que KUO Seguridad "mantiene una importante deuda contraída con la Seguridad Social, un bloqueo legal que impide administrativamente la entrada de un nuevo operador y que deja al centro educativo desprotegido", dicen.
Actualmente, tres vigilantes de seguridad se encuentran sin servicio operativo. Aunque de momento figuran bajo la condición de permiso retribuido, la realidad es que están a la espera de la resolución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Según la legislación del sector, la nueva empresa adjudicataria "debería subrogarnos obligatoriamente para mantener nuestros puestos de trabajo, pero este proceso se encuentra completamente congelado".
Además, los trabajadores manifiestan su malestar debido al "intrusismo laboral" al contratar a conserjes en lugar de vigilantes de seguridad. "Para intentar parchear la falta de vigilancia hasta que el servicio salga nuevamente a concurso público, la solución planteada ha sido la contratación de conserjes. Denunciamos que esta medida vulnera las competencias profesionales, ya que el personal de conserjería no puede legalmente ejercer las funciones de seguridad y protección específicas que corresponden por ley a los vigilantes de seguridad titulados", indican.
Asimismo, señalan la "preocupante falta de fiscalización y de coordinación entre las administraciones implicadas". Según explican, ningún responsable de la Consejería de Educación revisa de manera periódica que las empresas contratistas se encuentren al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social de sus trabajadores, permitiendo que se llegue a situaciones límite sin intervención previa.
Por su parte, aseguran que la Seguridad Social no emite alertas tempranas ni notifica de manera eficaz la existencia de deudas acumuladas por la empresa, provocando que los empleados descubran la situación cuando el daño ya es irreparable.
"Como suele ocurrir en estos escenarios de negligencia corporativa e institucional, el hilo siempre se rompe por el lado más delgado: el trabajador es el que siempre acaba pagando los platos rotos", critican.
"Solicitamos a las autoridades competentes y a la Consejería una solución inmediata que garantice la seguridad real del centro educativo y que desbloquee la situación laboral de los tres vigilantes afectados, exigiendo el cumplimiento estricto del derecho a la subrogación", continúan.
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