El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado el recurso presentado por la empresa Proyectos y Montajes Ingemont frente al Ayuntamiento de Tías, que hace dos años resolvió el contrato que tenía con esta empresa para realizar obras en el polideportivo municipal, al considerar que existían graves incumplimientos. Ahora, en una sentencia fechada el pasado 4 de febrero, el Juzgado ordena devolver a Ingemont 57.303 euros, correspondientes a la fianza que había depositado y que fue incautada cuando se produjo el rescate de la obra.
No obstante, desde el Ayuntamiento precisan que la sentencia no es firme y ya han anunciado que sus servicios jurídicos están preparando un recurso de casación contra este fallo. Además, recuerda que en su día adoptaron esta medida con el aval del Consejo Consultivo de Canarias, que confirmó que había incumplimientos por parte de la empresa.
Las obras, que consistían en la construcción de una sala de gimnasia para artes marciales en la planta baja y una terraza y cafetería en la planta alta, fueron adjudicadas en el año 2015 a Ingemont "por sus plazos de construcción y precios", según señalan desde el Consistorio. Sin embargo, precisamente ante el incumplimiento de esos plazos, al año siguiente pidieron un dictamen al Consejo Consultivo para rescindir el contrato y recuperar la tenencia del inmueble.
"Incumplimiento culpable de los plazos"
El 29 de septiembre de 2016, el Consejo Consultivo de Canarias emitió un dictamen en el que advertía de un "incumplimiento culpable del contratista de los plazos pactados para la ejecución de la obra, así como su posterior abandono", aunque precisaba que el expediente debía "completarse con el pronunciamiento explícito sobre la incautación de la fianza y la indemnización a su costa de los daños eventualmente causados a la Administración municipal".
Por su parte, la empresa alegaba que no había abandonado la obra sino que se había "paralizado" debido a "la falta de suministro de materiales para la ejecución" -lo que el Consultivo determinó que no le eximía de responsabilidad-, y posteriormente pidió que el Ayuntamiento le abonara la parte ejecutada hasta el 1 de junio de 2016.
Ahora, la propia empresa ha hecho público el contenido de una sentencia que afirma que obliga al Consistorio a pagarle esos 57.303,46 euros, aunque desde el Ayuntamiento confían en que los tribunales les den la razón en segunda instancia.
