El Senado suspenderá previsiblemente el próximo 30 de septiembre el aforamiento del senador no electo Pedro San Ginés, tras la petición del Tribunal Supremo para poder abrir juicio oral en su contra por la presunta comisión de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio. El Alto Tribunal había presentado un suplicatorio para poder enjuiciarlo, ya que al ser aforado no podía hacerlo sin ese trámite previo.
El juez instructor del Supremo defendió que existen "indicios bastantes" y "una innegable base indiciaria" de que Pedro San Ginés pudo cometer ambos delitos. Cabe recordar que, aunque la causa fue archivada inicialmente, el Alto Tribunal la reabrió tras admitir los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular. Entonces, en la resolución judicial añadió que estos indicios "distan de poder ser tachados de extravagantes o arbitrarios" y apuntó a "intereses partidistas" en la denuncia de San Ginés contra Antonio González.
En un comunicado de prensa emitido este martes, San Ginés ha señalado "su absoluta tranquilidad" y ha asegurado que es "imposible resultar condenado por denuncia falsa cuando en realidad él nunca interpuso ninguna denuncia" y ha insistido en que "la causa ya fue archivada incialmente por el propio Tribunal Supremo".
El senador no electo decidió no acudir a su comparecencia ante el Supremo y pidió que continuara la tramitación de su suplicatorio. Habitualmente, la inmensa mayoría de suplicatorios se responden de forma positiva, suspendiendo la inmunidad del aforado, por lo que aún acudiendo a la comparecencia era improbable que pudiera evitar que su inmunidad fuera suspendida.
Mientras tanto, ha insistido en que ante su acusación por falso testimonio repetirá lo mismo que dijo "como testigo en la instrucción de juicio contra Carlos Espino y en la instrucción del Supremo como acusado, porque todo lo dicho y más es verdad". A lo que ha añadido que todo fue "corroborado con documentos oficiales".
Cabe recordar que esta es la única causa que se mantiene abierta en el Supremo en su contra después de que la Sala de lo Penal diera carpetazo a investigación por la contratación de su amigo y abogado Ignacio Calatayud durante la fase concursal de Inalsa. San Ginés llegó a estar investigado por hasta seis delitos. Entre ellos, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.
Una denuncia a las 22.30 horas de la noche
El Alto Tribunal indica que San Ginés, siendo entonces presidente del Cabildo de Lanzarote y de la empresa de Promoción Exterior de Lanzarote de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, se presentó ante las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Costa Teguise el miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 22.30 horas de la noche. San Ginés se personó en el cuartel de la Benemérita para presentar la citada denuncia.
El Supremo expone que esta comparecencia "fue realizada en el marco" de otra investigación impulsada por Espino, que dió lugar a la mayor causa de corrupción de Canarias, el caso Unión.
San Ginés volvió a prestar declaración en 2011, esta vez en calidad de testigo y no de denunciante, ya que los Centros de Arte, Cultura y Turismo se querellaron posteriormente contra Espino por los mismos contratos de los Centros con Climafrical. Tras la última declaración de San Ginés, la causa fue sobreseída de forma provisional y luego de forma definitiva en 2019.
La hija de Antonio González, dueño de Climafrical, que se vio endeudado por el proceso judicial derivado de la denuncia de San Ginés y murió antes de ver el archivo definitivo de la causa en su contra, se querelló contra San Ginés por estos hechos al entender que había denunciado falsamente a su padre y luego había testificado de forma falsa ante el juzgado en varias ocasiones. El Juzgado ya había dictado la apertura de juicio oral cuando San Ginés fue aforado por designación del Parlamento de Canarias, a iniciativa de Coalición Canaria.
Insiste en que la denuncia no debería ser contra él
Sobre su acusación, San Ginés ha insistido en que “lo sorprendente y lo que viene a demostrar la evidente intencionalidad política de, esta sí, falsa denuncia es que no figuren como denunciados ninguno de los miembros del Consejo de Administración que adoptaron el acuerdo de denunciar, entre los que no me encontraba, ni la denunciante que lo ejecutó, todos ellos cumpliendo con su deber". A lo que ha añadido que "tampoco aparecen denunciados por falsos testimonios quienes presentaron testimonio no solo más expeditivos que los míos, sino aportando además pruebas documentales de cuanto yo solo había esbozado”.
Finalmente, el secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote ha insistido en que Carlos Espino habría dado instrucciones para abonar "cientos de miles de euros a tres empresas del padre del denunciante, con contratos inflados", a pesar de que la causa contra Espino fue archivada tras ser investigada.