El secretario insular de Coalición Canaria en Lanzarote y senador no electo por la Comunidad Autónoma de Canarias, Pedro San Ginés, ha rechazado comparecer la próxima semana ante el Senado para defenderse del procedimiento iniciado por el Tribunal Supremo para suspender su inmunidad y poder abrir juicio oral en su contra.
El Alto Tribunal solicitó el pasado mes de julio a la Cámara Alta que iniciara el suplicatorio para poder enjuiciar al que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote por los delitos de falso testimonio y denuncia falsa, ya que como aforado no puede ser juzgado sin este trámite.
San Ginés estaba citado para el próximo martes 16 de septiembre, pero ha declinado comparecer ante el Senado y ha preferido dar el trámite por concluido. En un escrito dirigido a la Cámara Alta ha pedido que continúen tramitando el suplicatorio y ha señalado que su objetivo es "que quede aclarada" su posible inocencia, "sin la sombra de duda que suele rodear a todo proceso penal".
El Alto Tribunal mantiene abierta una causa judicial contra el senador por la presunta comisión de delitos de falso testimonio y denuncia falsa. El aforamiento es lo único que separa a San Ginés de sentarse en el banquillo de los acusados por su denuncia interpuesta contra Carlos Espino, Antonio González y a José Manuel Páez por los contratos entre los Centros Turísticos y la empresa de González, Climafrical.
San Ginés, siendo presidente del Cabildo de Lanzarote acudió un miércoles a las 22.30 horas de la noche al acuartelamiento de la Guardia Civil para denunciar presuntas irregularidades en las contrataciones de los Centros y dio paso a una investigación judicial contra el empresario lanzaroteño que duró una década y que acabó siendo archivada. Antonio González murió en abril de 2020, esperando su archivo definitivo.
Una comparecencia ante el Senado
La comparecencia del líder de Coalición Canaria en Lanzarote estaba prevista dentro del plazo que tiene el Senado para responder al suplicatorio del Alto Tribunal, que es 60 días después de su presentación ante la Cámara Alta, porque no computan los meses de julio y agosto. El próximo martes16 de septiembre, a las 13.30 horas, estaba previsto darle audiencia para que pudiera defender por qué su inmunidad no debería verse suspendida.
Según la información publicada por el Senado, ese mismo día deberá conformarse la Ponencia, compuesta por un grupo de senadores que estudiarán y elaborarán el informe que avale o rechace dicha suspensión. Habitualmente, la inmensa mayoría de suplicatorios se responden de forma positiva suspendiendo la inmunidad del aforado.
Tras reclamar los antecedentes y el testimonio de San Ginés, el Senado tiene 30 días para emitir un dictamen y deberá incluirlo en el orden del día del primer pleno ordinario.
Según la Constitución española, los diputados y senadores no pueden ser inculpados ni procesados hasta tener la autorización la Cámara correspondiente, independientemente de si el delito se cometió antes de convertirse en aforado. Por ello, el Supremo presentó un suplicatorio ante el Senado para solicitar que el senador pierda su inmunidad y pueda ser así juzgado.
Cabe recordar que esta es la única causa que se mantiene abierta en el Supremo en su contra después de que la Sala de lo Penal diera carpetazo a investigación por la contratación de su amigo y abogado Ignacio Calatayud durante la fase concursal de Inalsa. San Ginés llegó a estar investigado por hasta seis delitos. Entre ellos, fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.
Inicialmente, el Tribunal Supremo también había archivado esta causa por denuncia falsa y falso testimonio, pero el órgano judicial admitió a trámite los recursos de la Fiscalía y de la acusación particular y dio la orden de reanudarla. Además, el juez instructor señaló que su archivo fue "precipitado" y que existen "indicios bastantes" de que pudo cometer ambos delitos.
El Alto Tribunal recordó en un escrito en el marco de esta causa que "la inmunidad de diputados y senadores no es ni puede ser entendida como un privilegio personal".
¿Qué hechos se le atribuyen?
El Alto Tribunal indica que San Ginés, siendo entonces presidente del Cabildo de Lanzarote y de la empresa de Promoción Exterior de Lanzarote de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, se presentó ante las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Costa Teguise el miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 22.30 horas de la noche. San Ginés se personó en el cuartel de la Benemérita para presentar la citada denuncia.
El Supremo expone que esta comparecencia "fue realizada en el marco" de otra investigación impulsada por Espino, que dió lugar a la mayor causa de corrupción de Canarias, el caso Unión.
San Ginés volvió a prestar declaración en 2011, esta vez en calidad de testigo y no de denunciante, ya que los Centros de Arte, Cultura y Turismo se querellaron posteriormente contra Espino por los mismos contratos de los Centros con Climafrical. Tras la última declaración de San Ginés, la causa fue sobreseída de forma provisional y luego de forma definitiva en 2019.
La hija de Antonio González, dueño de Climafrical, que se vio endeudado por el proceso judicial derivado de la denuncia de San Ginés y murió antes de ver el archivo definitivo de la causa en su contra, se querelló contra San Ginés por estos hechos al entender que había denunciado falsamente a su padre y luego había testificado de forma falsa ante el juzgado en varias ocasiones. El Juzgado ya había dictado la apertura de juicio oral cuando San Ginés fue aforado por designación del Parlamento de Canarias, a iniciativa de Coalición Canaria.
En una resolución del pasado abril, el Alto Tribunal expuso que "existe una innegable base indiciaria" contra San Ginés. Además, añadió que estos indicios "distan de poder ser tachados de extravagantes o arbitrarios".