Un agente de la Guardia Civil, destinado en una unidad de Tráfico en Lanzarote, ha presentado una denuncia penal contra su superior, a quien le atribuye la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa. Según ha podido saber La Voz, la denuncia ha sido interpuesta ante el juzgado de guardia a raíz de que su superior le abriera un expediente disciplinario tras sufrir un accidente mientras estaba de servicio.
Los hechos se remontan a la elaboración de un parte informativo tras el citado accidente, en el que se detectó que el permiso de conducción militar del agente estaba caducado. Según recoge la denuncia, "el Jefe de Unidad, responsable legal de la renovación de dicha autorización conforme al artículo 6 del Real Decreto 628/2014, habría omitido deliberadamente esta norma, limitándose a citar únicamente el artículo 4 del mismo texto legal, que exige la vigencia del permiso, con el fin de atribuir al subordinado una falta grave por conducir con la autorización caducada".
La denuncia defiende que esta "omisión" no ha sido detectada "ni por la autoridad competente que recibe el parte disciplinario, ni la Asesoría Jurídica que emite el correspondiente informe jurídico y que da orden de incoar el expediente al encartado".
Además, sostiene que "esta selección parcial de la norma habría tenido como objetivo eludir su propia responsabilidad administrativa y trasladarla de manera injusta al agente subordinado". Así pues, la resolución administrativa "motivó una grave crisis emocional en el agente, quien sufrió una descompensación psiquiátrica aguda, en el despacho de su superior, lo que requirió su evacuación urgente en vehículo oficial hasta un centro hospitalario". Actualmente, el agente permanece de baja médica y bajo seguimiento especializado.
Fuentes conocedoras del procedimiento indican que el servicio médico de la Guardia Civil "ha emitido un informe solicitando la paralización del expediente sancionador, ante el riesgo de agravar el estado de salud mental del afectado". De forma paralela, el agente ha notificado formalmente la existencia de la denuncia penal a la Dirección General de la Guardia Civil, tal y como prevé la normativa interna del Cuerpo en cumplimiento del deber de información jerárquica sobre procedimientos judiciales en curso.
Se espera que, tras el reparto de la denuncia al juzgado competente, se inicie una investigación que podría derivar en consecuencias penales, administrativas o disciplinarias, si se acreditan los hechos denunciados.