La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará los próximos 25 y 26 de noviembre en Gran Canaria a siete mujeres y hombres acusados de captar a jóvenes nigerianas en su país de origen para introducirlas irregularmente en España y explotarlas sexualmente en Lanzarote.
La Fiscalía acusa a siete personas, nacidas en Nigeria y con residencia en España, de captar a las jóvenes en el país africano prometiéndoles un trabajo. Una vez en España presuntamente las amenazaban con hacerles daño a ellas o a su familia y las sometían a un ritual de vudú, obligándolas a ejercer la prostitución para lucrarse con el dinero que obtenían.
El Ministerio Público asegura que tras realizarles magia negra en Nigeria, miembros de la organización presuntamente acompañaban a las jóvenes desde el país africano en un viaje hacia Grecia, utilizando un paso fronterizo irregular, pasando luego por París, donde eran trasladadas por otro miembro sin identificar desde el aeropuerto hasta un hotel. Una vez en París les compraban un vuelo hacia Madrid. Una vez en la capital española presuntamente eran entregadas a las "máximas responsables de la organización" a quienes le debían entregar el dinero. Desde Madrid partían a la isla de Lanzarote.
Hasta 120 euros por prostituirse en Lanzarote
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que el 25 de septiembre de 2015, una de las jóvenes fue trasladada en un avión hasta Lanzarote, donde presuntamente fue recogida por S.O., nigeriana con residencia legal en España y considerada como "la organizadora principal del negocio". El Ministerio asegura que S.O. presuntamente ordenaba la captación de jóvenes en Nigeria para lucrarse obligándolas a prostituirse.
La Fiscalía la acusa de presuntamente llevar a la joven, que es testigo protegido en la causa, a una vivienda de la calle Venezuela en Arrecife y acompañarla hasta Puerto del Carmen, donde debía ejercer la prostitución. Además la señala por presuntamente ejercer sobre la superviviente violencia física y psicológica si llegaba al domicilio sin haber ganado dinero ese día.
Así, aseguraban que la joven contraía una deuda con la organización que ascendía hasta los 55.000 euros.
En esta causa, tras partir de Lanzarote, la víctima fue trasladada a diferentes ciudades de España, entre ellas Vitoria y Madrid para seguir ejerciendo la prostitución en un club vasco y en la calle Alcalá de la capital española. Finalmente, la joven pudo huir junto con otra compañera a Barcelona, pero debió seguir pagando a la organización porque tenían amenazada a su familia en su país de origen.
El Ministerio Público acusa a las nigerianas S.V. y S.I de presuntamente vigilar a las jóvenes mientras ejercían la prostitución, de facilitarles alojamiento y de trasladarlas al aeropuerto para que se desplazaran a otras ciudades con el fin de continuar explotándolas sexualmente. Mientras tanto, los acusados S.N., G.O.E. J.M.A. y W.A. habrían sido los encargados de dar alojamiento a las jóvenes en Madrid y en Vitoria para ejercer la prostitución.
La Fiscalía acusa a S.O. de ser la jefa de la organización y de presuntamente llevar a las jóvenes a los domicilios donde iban a ser alojadas. Las supervivientes solo podían salir de sus viviendas para ejercer la prostitución en Puerto del Carmen o para viajar con el mismo fin a Madrid o Vitoria. Aunque ganaban en cada "servicio" entre 70 y 120 euros, no veían nada de ese dinero, sino que se destinaba a pagar las deudas contraídas por los acusados.
Según el Ministerio Fiscal, las jóvenes eran sometidas a coacciones, violencia física o psíquica, sin poder denunciar porque suponía un riesgo para su vida. Además, presuntamente las amenazaban con hacerles daños a ellas y a su familia a través del ritual de vudú al que las sometieron en su país de origen.
Una investigación nacional
Los hechos salieron a la luz tras una investigación conjunta entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Brigada de Extranjería de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad Central de Trata de Seres Humanos de los Mossos d Esquadra, la Brigada Central de Extranjería y Fronteras de Vitoria y el Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife
La Fiscalía pide hasta once años y medio de cárcel para la acusada A.S.O por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y por favorecer la inmigración irregular de personas en contra de la Ley de Extranjería. Además solicita penas de hasta ocho años de prisión para el resto de acusados.
Así pues, el Ministerio solicita a los siete acusados una indemnización conjunta y solidaria a la testigo protegido por valor de 40.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.
La trata de personas es una violación grave de la dignidad, la libertad y una forma de delincuencia grave. Denúncialo: teléfono de contacto de la Policía Nacional 900 10 50 90. Email: trata@policia.es