Política

Canarias y Lanzarote acuerdan atajar el conflicto con las renovables y poner en marcha una comisión

Tras meses de declaraciones cruzadas, ambas instituciones acuerdan sentarse y atajar los errores en los mapas publicados y redefinir las zonas afectadas

Oswaldo Betancort junto al consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han anunciado este jueves que se han reunido para abordar los meses de conflicto y acusaciones cruzadas tras la publicación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) pactadas en la isla el pasado verano. 

Transición Ecológica ha informado de que ha atajado con la primera institución la implantación de energías renovables, incluyendo cubiertas fotovoltaicas y espacios antropizados. Al tiempo en que se ha acordado poner en marcha la comisión técnico y política, a la que el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío (CC), se había negado hasta hace una semana, asegurando que no iba a designar a los dos técnicos encargados de la mesa porque no quería continuar con el protocolo.

La Consejería ha indicado que en la reunión de esta comisión se tratará la subsanación de los errores en los mapas publicados y la revisión de las más de 3.100 hectáreas pactadas en la isla. 

En un comunicado de prensa, el Área del Ejecutivo canario ha defendido que avanzará en "una transición energética ordenada, adaptada a la realidad insular y plenamente compatible con la singularidad y protección ambiental y paisajística de la isla", ante las críticas por la afección al paisaje.

El área gestionada por Mariano Zapata (PP) ha defendido que la convocatoria de esta comisión es "un paso natural" dentro de un proceso que se ha venido trabajando "de forma coordinada y con criterios técnicos desde el primer momento". En este sentido, el consejero de Transición ha asegurado siguen "avanzando junto al Cabildo de Lanzarote para que las Zonas de Aceleración de Renovables sean un instrumento al servicio de la transición energética de la isla, con la clara e irrenunciable protección del medioambiente y de la identidad de Lanzarote”.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha incidido por su parte en que “desde el Cabildo vamos a impulsar la creación de una mesa técnica interna que nos permita coordinar de forma rigurosa todo este proceso, así como la puesta en marcha de comisiones sectoriales en las que estén representados los distintos agentes implicados de la isla, además de los ayuntamientos y los colegios profesionales de los diferentes sectores", ha indicado.

Betancort ha asegurado que "el objetivo es definir de manera consensuada cuál debe ser la estrategia en materia de renovables y, sobre todo, cómo implementarla de forma ordenada, garantista y adaptada a la realidad de Lanzarote y La Graciosa”. 

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han asegurado que las ZAR constituyen una herramienta de planificación para ordenar el despliegue de las energías limpias, facilitando la identificación de emplazamientos que presenten mejores condiciones desde el punto de vista técnico, territorial y ambiental, evitando recurrir al procedimiento de interés general establecido en el artículo 6-bis de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario. 

 

Las evaluaciones ambientales

Asimismo, han reiterado que el plan que defina definitivamente las Zonas de Aceleración de Renovables estará sometido a una evaluación ambiental estratégica y que cada proyecto que se ubique en una ZAR deberá seguir, además, "el procedimiento ambiental que fija la normativa estatal, lo que refuerza las garantías de protección ambiental". 

Actualmente, el decreto ley aprobado por Transición permite sacar adelante proyectos de instalación de energías renovables en Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) sin necesidad de presentar una evaluación ambiental, sustituyéndola por un procedimiento de no afección. Un mecanismo más simple y que no requiere de la participación del resto de instituciones. 

Las dos administraciones han añadido que estas zonas para instalar renovables "complementan la apuesta decidida de ambas instituciones por el aprovechamiento prioritario de cubiertas y espacios antropizados". "Esa orientación está en consonancia con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética impulsada por el actual Gobierno de Canarias, que establece la obligación de ocupación de todas las cubiertas de nuevas construcciones o reformas con instalaciones fotovoltaicas", han defendido.

 

Solo haría falta un 0,23% aunque se ha aprobado un 3,75%

Transición ha asegurado que solo se necesitaría el 0,23% del territorio de Lanzarote para cumplir con los objetivos de descarbonización fijados para el año 2030. Sin embargo, los mapas publicados en el Boletín Oficial de Canarias albergan un 3,75% del territorio de la isla. Desde la Consejería dirigida por Mariano H. Zapata (PP) siempre se ha mantenido que esta superficie ha sido pactada con el Cabildo insular. Pese a ello, este jueves ha asegurado que "aún se está valorando por parte de los técnicos para dar cumplimiento de los objetivos de descarbonización". 

La Consejería ha informado de que ha prohibido la expropiación del terreno en el caso de la energía solar fotovoltaica, de manera que los promotores deberán contar con la plena titularidad de los suelos necesarios para desarrollar sus proyectos. Asimismo, ha añadido que el Gobierno de Canarias trabaja en el impulso de un decreto del 20% de participación local en proyectos de energías renovables instaladas en suelo de más de 2MW.

"Estos proyectos deberán ofertar este porcentaje a instituciones y ciudadanía canaria, que tendrán la oportunidad de participar en las iniciativas de renovables que se desarrollen en su entorno, dando así un paso decisivo en la democratización de las energías limpias", ha expuesto.

Tras meses de una batalla pública entre ambas instituciones, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han mostrado su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada en una estrategia acorde con la realidad de la isla y con su singularidad ambiental y paisajística.

"El objetivo compartido es avanzar con rigor técnico, planificación y consenso institucional, corrigiendo los errores detectados en la impresión de los mapas realizada por la empresa pública contratada por el Gobierno de Canarias, revisando con detalle los espacios definidos y manteniendo intacto el compromiso con una descarbonización compatible con la protección del territorio", han finalizado.