Política

La Agencia de Protección del Medio Natural sanciona a dos empresas por vertidos al mar en Lanzarote

La multa asciende a 8.000 euros, repartidos en penalizaciones por daños medioambientales en municipios de la isla

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha sancionado a dos empresas por vertidos en dos municipios de Lanzarote. En total, tendrán que hacer frente a multas de hasta 5.000 euros.

Una ellas, tendrá que hacer frente a una multa de 5.000 euros por lanzar vertidos al mar en Arrecife. A ello se suman, otros 3.000 euros que tendrá que pagar una empresa de Teguise. Así pues, las  playas más populares de la isla también están afectadas por vertidos de aguas residuales.

Según han revelado fuentes de la Agencia Canaria a La Voz, estas sanciones no son contra la empresa responsable de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión, que controla la mayoría de los puntos de vertidos censados en la isla, sino contra otras empresas cuyos nombres no han trascendido.

Entre 2023 y 2024, la ACPMN ha abierto un total de 13 expedientes por vertidos al mar en cinco de los siete municipios de la isla. De ellos, solo dos han completado su tramitación y recogen sanciones que suman 8.000 euros. 

De esta manera, el municipio con más expedientes en curso es el de Yaiza, con cuatro pendientes de resolver. Tras el municipio sureño, le sigue en número de expedientes abiertos la capital de Lanzarote, Arrecife, que tiene tres expedientes abiertos, al igual que el municipio de Teguise, con otros tres. A ellos, se suman dos expedientes sancionadores más, uno en Haría y otro en Tías.  

 

Un total de 8.000 euros en sanciones

De estas sanciones por verter al mar sin autorización, se abrieron más expedientes sancionadores en el año 2023, con ocho investigaciones abiertas, que en 2024, cuando se abrieron cinco.   

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural puede incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores en Canarias por infracciones varios motivos. Entre ellos, atentados contrra el patrimonio natural y la biodiversidad, los residuos, la observación de cetáceos, suelos contaminados o actividades potencialmente contaminadoras. Además, deben inspeccionar estos procedimientos.