Ciudadanos ha hecho público este miércoles que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), va a tener que "rendir cuentas y dar información a la Justicia sobre presupuestos y contrataciones" realizadas bajo su mandato. En concreto, el juez Ricardo Fiestras Gil ha reclamado información de todos los contratos firmados con el abogado Ignacio Calatayud entre los años 2011 y 2015, así como de todos los pagos que ha recibido tanto de la Corporación como de los organismos que dependen de ella, como el Consejo Insular de Aguas, el Consorcio y los Centros Turísticos.
Esta providencia se ha dictado dentro de la pieza que el pasado mes de enero se separó de la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, y que se instruye ahora en el Juzgado de Instrucción Número 4. Esta pieza separada, en la que están investigados San Ginés y el propio Calatayud, se centra en los pagos a este abogado y en su doble papel como asesor del presidente en la incautación y, a su vez, empleado de la empresa Canal Gestión, a la que se le entregó esa planta que pertenecía a Club Lanzarote.
"Ciudadanos ya pidió en su día un pleno extraordinario sobre el asunto de la incautación de Montaña Roja y se solicitó esa documentación, información que se nos ha negado en reiteradas ocasiones en el Pleno cabildicio", ha recordado el consejero de C´s en el Cabildo, Benjamín Perdomo. "Es necesario que se aporte luz a todas las contrataciones públicas", ha indicado Perdomo, quien ha celebrado que "se obligue a la institución a aportar toda la información sobre los presupuestos del Cabildo de Lanzarote y de sus organismos autónomos desde el año 2011 hasta 2015, así como los relativos a la contratación de servicios de asesoramiento al letrado Ignacio Calatayud".
No obstante, ha instado al presidente de la Corporación insular a que "haga un verdadero ejercicio de transparencia y haga pública esa información, para que la ciudadanía y los miembros de la oposición puedan conocer por fin a donde se destina su dinero". "Basta ya de oscurantismo y de ocultar información", ha indicado Perdomo, quien ha recordado que "en pleno siglo XXI no tiene cabida este tipo de prácticas en las instituciones públicas". Por ello, ha pedido que "se eliminen ya todas las trabas y muros que se ponen desde el equipo de gobierno para acceder a la información, y se facilite de una vez por todas la tarea de fiscalización a la oposición".
Cinco imputados en la causa principal
Además de estar siendo investigados en esta pieza separada, San Ginés y Calatayud también están imputados en la causa principal por la incautación, junto a las otras tres personas que intervinieron en esa decisión: los que eran gerentes del Consejo y del Consorcio del Agua, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, y el secretario de la Corporación, Francisco Perdomo.
Fue Club Lanzarote quien denunció estos hechos en la vía penal, paralelamente a la vía contenciosa que tenía abierta, y en la que ya consiguió una sentencia que declaró ilegal la incautación y ordenó que se le devolvieran las plantas. En cuanto a la investigación penal, a cargo del juez Jerónimo Alonso, hasta el momento hay cinco imputados por presuntos delitos de prevaricación y coacciones.
Además, el magistrado ordenó el pasado mes de enero abrir esta pieza separada tras detectar nuevos indicios de delito relacionados con la contratación de Ignacio Calatayud. Según señalaba en el juez en su resolución, estas nuevas diligencias tienen por objeto "la investigación de la contratación por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote del letrado Ignacio Calatayud Prats para la prestación de servicios profesionales, sin perjuicio de lo que pueda acordarse, conforme avance la investigación, respecto a otros hechos o personas". Además, nombraba hasta siete delitos que están tipificados en el Código Penal "para combatir la corrupción en los contratos onerosos". Tras separar la pieza, esta pasó a reparto en Decanato y las nuevas diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción Número 4, a cargo de Ricardo Fiestras.
Se habrían omitido "las mínimas exigencias procedimentales" en la contratación
Entre otras cosas, el auto separando esta nueva pieza hacía referencia al "informe jurídico" que realizó Calatayud, que es el único que existe avalando la incautación, y que se elaboró en realidad cuando esta medida ya se había ejecutado. Según San Ginés, este mismo letrado, con quien ha reconocido que le une una amistad personal, le había asesorado "verbalmente" antes de la incautación. Después, le pidió que plasmara por escrito ese asesoramiento en un informe. Sin embargo, el juez señala que para realizar ese dictamen, Calatayud no fue contratado por el Consejo Insular de Aguas "conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto aplicables al ejercicio correspondiente". Por eso, concluye que en esa contratación podrían haberse omitido "las mínimas exigencias procedimentales", eludiendo así "los controles que el propio procedimiento establece".
Cuando el juez decidió abrir esta nueva pieza, ya se habían incorporado a la causa los datos de los pagos que el abogado recibió de Canal Gestión (116.000 euros en dos años) y también los que facturó al Consejo Insular de Aguas en relación a la incautación, tanto por su "asesoramiento" previo como por sus servicios como abogado en todos los pleitos que ha perdido hasta ahora el Cabildo frente a Club Lanzarote. Ahora, el juez que se encarga de la instrucción de esta pieza separada ha dado un paso más, extendiendo la solicitud a todos los contratos o los pagos realizados a Ignacio Calatayud tanto por el Cabildo como por cualquier organismo dependiente de la institución.
Al declarar como imputado en la causa principal, San Ginés respondió al juez que "desconocía" si Ignacio Calatayud trabajaba también para Canal Gestión mientras le asesoraba en la incautación. Y lo mismo repitió cuando los medios de comunicación y varios partidos de la oposición le trasladaron esta misma pregunta. Finalmente, fueron el propio Calatayud y el gerente de Canal Gestión quienes confirmaron la existencia de esa relación laboral.
Por un lado, según desveló la instrucción de esta causa, Canal Gestión le pagaba a Calatayud 3.300 euros mensuales por los servicios prestados a la empresa. Por otro, le contrató incluso para que asesorara al Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, en la Comisión de Seguimiento y Control creada por el Consorcio del Agua, precisamente para "fiscalizar" la labor de Canal Gestión y el cumplimiento del contrato. De este modo, Canal eligió y contrató a la persona que iba a asesorar a la institución pública para supervisar su trabajo, y que a su vez también cobraba dinero público por asesorar al presidente.
