El Defensor del Pueblo ha llevado a la Fiscalía al Ayuntamiento de Teguise, así como a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, ya que considera que podrían haber incurrido en un delito de desobediencia. Según publica la agencia EFE, tanto estas instituciones como un ayuntamiento madrileño (el de Coslada) "entorpecen el trabajo" de esta institución, ya que "no han contestado reiteradamente a sus peticiones de información".
En su informe correspondiente a 2013, este organismo recuerda que las administraciones tienen la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo. De hecho, el artículo 502.2 del Código Penal tipifica como delito de desobediencia el obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, "negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación". Este delito está castigado con penas de entre seis meses y dos años de suspensión de empleo o cargo público.
Con respecto a los supuestos incumplimientos de estas dos administradores canarias, el informe del Defensor del Pueblo no especifica qué tipo de información solicitó a Teguise. En cuanto al Gobierno de Canarias, las actuaciones se centran sobre todo en trámites relacionados con la Ley de Dependencia.
