23/Abr/2017

AFIRMA QUE AÚN NO LE HAN NOTIFICADO LA SENTENCIA PUBLICADA POR LOS MEDIOS

El Ayuntamiento exigirá la devolución de los 250.000 euros malversados en el caso Proselan

El interventor y el ex jefe de la Oficina Técnica, que actualmente sigue trabajando en el área de Movilidad, serán cesados de sus cargos

Imagen de un Pleno celebrado el pasado mes de diciembre, al que Carlos Sáenz asistió como interventor
Imagen de un Pleno celebrado el pasado mes de diciembre, al que Carlos Sáenz asistió como interventor
El Ayuntamiento exigirá la devolución de los 250.000 euros malversados en el caso Proselan

El Ayuntamiento de Arrecife exigirá la devolución de los caudales públicos malversados, tras acreditarse el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan, por trabajos de electricidad no realizados. Así lo ha señalado el Consistorio en un comunicado, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo confirmando las condenas en la pieza 13 del caso Unión.

El Ayuntamiento señala que ha tenido conocimiento de este fallo "a través de los medios de comunicación" y anuncia que ahora "procederá a la ejecución" de la condena de inhabilitación a dos funcionarios que siguen trabajando en el Consistorio. Para ello, tal como este martes adelantaba La Voz de Lanzarote, esperará a recibir la notificación de la sentencia desde la Audiencia Provincial de Las Palmas, que fue quien dictó el fallo de primera instancia.

Además de al empresario José Daniel Hernández y al ex concejal José Miguel Rodríguez, fallecido la pasada semana, la sentencia condena al todavía interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, y al ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que actualmente sigue trabajando en el área de Movilidad del Consistorio. El fallo impone penas de 4 años y medio de cárcel y 8 años de inhabilitación para todos los acusados, además de la devolución del dinero malversado.

En el caso de Arrocha, será cesado por el Consistorio en cuanto llegue la notificación de la sentencia. En cuanto a Carlos Sáenz, también "será apartado de sus funciones" cuando se reciba el fallo. No obstante, en su caso, el Ayuntamiento aclara que "al ser su plaza en el departamento de Intervención una habilitación nacional, será Función Pública la entidad responsable de separar al funcionario de la Administración de manera definitiva".

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