La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (ACN) exige al Gobierno de Canarias y al Cabildo que arbitren un acuerdo político y económico que haga viable la puesta en funcionamiento de una residencia asistida en Lanzarote para atender a las personas con discapacidad por trastorno mental grave. Por ello, solicitan que se convoque una reunión extraordinaria en el marco del Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria de Lanzarote o en su caso, hacen un llamamiento a las fuerzas políticas para que se eleve y apruebe una iniciativa parlamentaria con ficha financiera y cronograma de ejecución donde se recojan las demandas de los pacientes, las familias y los profesionales.
Esta petición se suma a la de la agrupación para la defensa del paciente psíquico El Cribo, que también denunció en un comunicado de prensa emitido la semana pasada que no existan centros residenciales y de atención en Lanzarote para los pacientes psiquiátricos más graves de la isla. El Cribo, junto con otras asociaciones sociosanitarias y vecinos de la isla, se sumó a la manifestación convocada el pasado sábado, 15 de marzo, por la mejora de la Sanidad.
Asimismo, la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría solicita que "al menos" se ejecuten de forma inmediata las plazas de alojamiento previstas para el 2008 en el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD) en Lanzarote, concretamente 19 plazas de alojamiento tutelado. Además, exigen que el próximo corte evaluativo del Plan de Atención a la Discapacidad se dimensione de acuerdo al crecimiento demográfico experimentado en la isla y a los porcentajes de personas con trastorno mental grave.
De esta forma, quieren "reclamar una efectiva igualdad de oportunidades para todos los habitantes de Canarias". Denuncian que aunque hace 10 años las autoridades políticas prometieron crear una Residencia Asistida con 35 plazas, hasta la fecha no se ha puesto en marcha "nada de nada". Así, señalan que esto "está llevando a un clima insostenible en la atención de estos enfermos, propiciando que ocupen plazas de agudos en el Hospital General, que entren y salgan por los servicios de urgencias, que queden en la calle, o que sean abandonados a su suerte".
Algunos, los que tienen "mayor suerte" son trasladados a Gran Canaria donde el Servicio Canario de Salud está pagando unas plazas limitadas. "Esta última medida resulta escasa" -señalan desde la asociación- "porque no se llevan adelante programas de rehabilitación sociofamiliar y los enfermos a los que se envía a Las Palmas, corren peligro de quedarse "aislados" en ese centro para siempre, sufriendo un proceso de deterioro y de institucionalización como el de los antiguos manicomios".
Así, la asociación reclama que es "deber de los poderes públicos garantizar la equidad de las prestaciones sociales y sanitarias a todos los ciudadanos del Archipiélago, vivan donde vivan".
