Un campo de golf, 300 camas turísticas, 1.600 camas repartidas entre chalets, bungalós y otros usos residenciales, además de una zona sanitaria se proyectaron en la zona de Playa Quemada (Yaiza), un pequeño pueblo costero localizado entre Puerto Calero y Playa Blanca que lleva años tratando de evitar la masificación y el desarrollismo turístico.
Este plan, que se creó bajo el nombre de Plan Parcial de Costa Playa Quemada, fue promovido por la empresa Prosolmar S.A, aprobado en 1993 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias en enero de 1994. Sin embargo, nunca fue ejecutado. La dilación en la promoción del plan permitió dar por caducado el procedimiento y recalificar los terrenos como rústicos. Sin embargo, la empresa ha luchado durante años en los tribunales para lograr que el suelo recuperara la consideración de urbano. Ahora un juzgado de Instrucción de Arrecife sacará a subasta diez fincas de este plan parcial, con una superficie de más 316.500 metros cuadrados.
Al hallar discrepancias en la categoría del suelo, tal y como ha podido saber este medio, un Juzgado envió un oficio al Cabildo de Lanzarote en 2023 para que certificara si estas fincas eran rústicas o urbanizables. La diferencia económica entre una categoría y otra de suelo es palpable. Una tasación de 2022 expuso que los terrenos, considerados en su totalidad rústicos, valían alrededor de cuatro millones de euros. Frente a ello, con la categoría de urbanizables, una tasación del 2016, incrementó hasta los 25,3 millones de euros el valor de los derechos de urbanización de la promotora.
Por el momento, las resoluciones judiciales han avalado que los terrenos son rústicos y de protección. Sin embargo, el debate de este viejo fantasma se reavivó con la caída del Plan General de Ordenación de Yaiza de 2014, que recogía que el suelo del Plan Parcial de Costa Playa Quemada no era urbanizable. Después de que este pasado 2025 el Tribunal Supremo anulara en su totalidad el Plan General de Yaiza surge el temor de que su anulación pueda ser utilizado por quienes adquieran el terreno para tratar de luchar por la recalificación de los terrenos.
Según ha confirmado la Oficina de Comunicación del Juzgado a La Voz, aún se desconoce cuándo será la fecha exacta de esta subasta, cuánto costará ni si se contempla como suelo rústico o urbanizable, algo que deberá determinar un perito.
Un fallo judicial del TSJC avala que los terrenos son rústicos
A pesar de la caída del Plan General de Yaiza, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó en 2018 que la promotora rebasó los nueve años que la ley le otorgaba para ejecutar el Plan Parcial Costa Playa Quemada sin realizar las obras. La empresa tenía hasta diciembre de 2002 para ejecutarlo, pero no lo hizo.
Fuentes expertas consultadas por este medio, exponen que los promotores no solo tienen derechos sobre el territorio a desarrollar, sino que deben cumplir determinados deberes, entre los que están los plazos de ejecución.
El TSJC concluyó entonces que la clasificación de los terrenos como suelo de protección territorial y como suelo rústico que contemplaba el Plan General de Ordenación de Yaiza era "correcta". Para ello, no se apoyó en este plan, ahora tumbado por la justicia, sino que lo hizo en la Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias, del año 2003, que avalaba que los planes parciales que no se hubieran desarrollado quedaban privados de eficacia y que los terrenos podían ser clasificados como rústicos.
En su batalla judicial, la empresa Prosolmar SA contó con la defensa del abogado condenado Felipe Fernández Camero, que debe cumplir diez años de prisión por otra causa judicial, a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Supremo.
La pérdida de los derechos urbanísticos sobre esta parcela también se sustentan en la Ley 6/2001. En 2001, Canarias aprobó la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo, conocida popularmente como la Ley de Moratoria, que extinguió aquellos planes parciales con destino turístico que hubieran sido aprobados de forma definitiva antes de 1995.
Cabe recordar que en noviembre de 1998, el Cabildo de Lanzarote, bajo la presidencia de Enrique Pérez Parrilla, acordó una moratoria turística a las licencias hoteleras y dictaminó la suspensión temporal de nuevas licencias urbanísticas sobre localidades turísticas a fin de revisar el planeamiento insular. Entre ellas, la de Playa Quemada.
Por otro lado, la Dirección General de Costas determinó el pasado año que la servidumbre de este Plan Parcial era de cien metros metros, al no haber sido urbanizado y ser posterior a la Ley de Costas.