La directora general del Instituto Canario de Vivienda, un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pino de León, intervino esta semana en Radio Lanzarote-Onda Cero para explicar la evolución de las viviendas sociales en construcción o pendientes de adjudicar en la isla.
Entre las viviendas sociales en marcha en la isla están los 42 inmuebles que el Cabildo de Lanzarote compró ya finalizados a un promotor privado en enero de 2025 en la zona de Montaña Roja, en Playa Blanca, y que más de un año después, no aún sido cedidos al Instituto Canario de Vivienda.
El retraso de esta cesión se debe nuevamente a motivos burocráticos. A pesar de que en diciembre de 2025, el pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó traspasar estos inmuebles al Instituto Canario de Vivienda, los trámites aún no han concluido.
De León explica que aunque el organismo regional tiene "el pie en el acelerador", la operación jurídica de la cesión de las viviendas al ICAVI tras su compra por parte del Cabildo de Lanzarote "tiene sus aristas, sus procedimientos y tiene que tener una garantía jurídica".
Mientras tanto, fuentes de la primera institución insular exponen a La Voz que continúan en este proceso de cesión, que esperan que concluya "dentro de poco".
"Nosotros no podemos disponer de las viviendas hasta que no sean propiedad del Instituto", continúa la directora general del ICAVI, quien asegura que aunque "es prudente no poner fechas concretas", se encuentran "en el proceso final" de cesión y previsiblemente "en los próximos meses" pueda culminarse el procedimiento.
Con datos de la Consejería de Vivienda, en 2024 había un total de 2.295 familias inscritas como solicitantes de vivienda pública, buscando una solución ante la crisis habitacional que azota a la isla.
¿Quiénes podrán acceder a estas viviendas?
El primer requisito para acceder a una vivienda social en alquiler o en venta en las islas es "estar registrado en el listado de demandantes de vivienda de Canarias". Este registro "es único" y está gestionado por el propio ICAVI, según informó hace meses el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Entonces también añadió que se priorizaría a las personas empadronadas en el municipio.
El acceso a viviendas protegidas está restringido a condiciones económicas de las unidades familiares demandantes. De modo que, entre otros requisitos, para determinar si una unidad familiar puede ser solicitante de vivienda social de promoción pública debe percibir una renta que no supere hasta 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para vivienda de alquiler, y hasta 2,5 veces el mismo indicador para vivienda en venta.
En 2025, el IPREM mensual era de 600 euros para la unidad familiar, de 7.200 euros anuales en doce pagas, o de 8.4000 en catorce. Asimismo, Pablo Rodríguez resaltó que para las familias trabajadoras, acceder al régimen de alquiler asequible se podrá ampliar hasta 4,5 veces el IPREM.
Mientras tanto, para inscribirse como demandante de vivienda de promoción privada, los requisitos son: no ser titular de una vivienda protegida o tener la condición de residente en algunos de los municipios canarios.
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