La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. La ministra ha mostrado su apoyo a la declaración de la capital canaria como zona de mercado residencial tensionado.
Asimismo, ambas han abordado las distintas inversiones en materia de vivienda que el Gobierno de España está realizando en el municipio y las oportunidades para Las Palmas de Gran Canaria que abre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el que trabaja el Ejecutivo.
El ayuntamiento de la ciudad explicó que ha vuelto a presentar la solicitud al Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC), al que corresponde la competencia exclusiva en materia de vivienda, para que se establezcan las medidas incluidas en la ley estatal.
La solicitud inicial fue remitida al Ejecutivo canario en mayo de 2024, para que iniciara los trámites pertinentes, y en enero de 2025 presentó la documentación complementaria integrada por un informe que acredita que la ciudad cumple con tres de los cuatro requisitos establecidos por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda.
El informe, elaborado en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se basó en datos oficiales procedentes, en su mayoría, del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Según informa el ministerio, los datos públicos del INCASÒL correspondientes al segundo trimestre de 2025 evidencian una bajada de un 1,9% en el precio de los alquileres en las zonas de mercado tensionado declaradas de Catalunya y de un 4,9% en la ciudad de Barcelona. Además, los contratos de alquiler en vigor se han incrementado en 14.124 desde la primera declaración.
Al mismo tiempo, la declaración de zona de mercado tensionado lleva consigo el establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas en el Plan Estatal de Vivienda. De esta forma, una promoción de vivienda protegida que se construya mediante colaboración público-privada en la capital la subvención que recibiría sería de 4.250 euros más por vivienda respecto a que no hubiese declaración. Y si, además, se construyese siguiendo técnicas de industrialización, el incremento ascendería a 8.500 euros por vivienda.