La oferta de viviendas en el mercado del alquiler permanente en España ha caído un 17% en los dos años que lleva en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, según datos de Idealista.com.
Además, el número de interesados por un alquiler se ha elevado hasta un 79% en estos dos últimos años. Esta situación de amplía demanda frente a un stock que se sigue reduciendo ha conllevado un incremento medio de los precios de las rentas del 24% entre mayo de 2023 y abril de 2025.
Mientras tanto, municipios de Navarra y País Vasco se unen a Cataluña al declarar zonas de mercado residencial tensionado para limitar las subidas de los nuevos alquileres, mientras se trata de regular los alquileres de temporada, por habitaciones o los pisos turísticos.
La Ley por el derecho a la vivienda ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha creado la figura de las zonas de mercado residencial tensionado o concreta la figura del gran tenedor, y debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los alquileres permanentes.
Sin embargo, en estos dos años de funcionamiento, la situación de la vivienda de alquiler en España no ha ido a mejor, sino todo lo contrario.
La consejera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, junto con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez afirmaron con datos oficiales que las rentas han bajado en el conjunto de Cataluña.
Pero según las cifras del Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalitat, a partir de las fianzas de los alquileres depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), el número de contratos está bajando con fuerza, mientras que las rentas no siguen una clara tendencia a la baja salvo en Barcelona.
En un reciente estudio del IEE sobre la excesiva fiscalidad sobre la vivienda también afirmaba que existe una excesiva regulación sobre el mercado de la vivienda. "Esta regulación que se materializa, por ejemplo, a través de la intervención en el precio de los alquileres o del suelo, puede llegar a generar distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos. Aunque la intención es facilitar el acceso a la vivienda, esta intervención limita el funcionamiento libre del mercado, impidiendo que la oferta y la demanda se ajusten adecuadamente", destacaban.
Una opinión que comparte Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña. “La voluntad de la ley era buena, pero no ha conseguido los objetivos que pretendía. Por lo tanto, creo que hay que darle muchas más vueltas".
"Al final, el problema de la vivienda en nuestro país es un problema que tiene una solución multifactorial, que hay que incidir en muchos puntos y, en este caso, esta ley lo único que hace es incidir en la demanda. Entonces, tenemos un problema. Es decir, tú no puedes intentar solucionar los problemas de un mercado solo incidiendo sobre una de las partes: o la oferta o la demanda. Tienes que hacerlo en las dos. Y esto es algo que esta ley no ha hecho”, completa Vilajoana.