El futuro de la cadena hotelera Beatriz, que cuenta con dos establecimientos en Lanzarote, ha abierto una batalla por su control entre dos fondos de inversión y parte de los accionistas de la empresa Inversiones y Parcelaciones Urbanas S.A (Inparsa), responsable de los hoteles Beatriz Costa y Beatriz Playa.
El pasado septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas validó el plan de reestructuración de Inparsa presentado por Blantyre Capital Limited a través del fondo Meru I. El juzgado le otorgó a Blantyre, un gestor de inversiones con sede en Londres, el 70% del capital de la empresa.
La decisión judicial, ya firme, no ha sido bien recibida por parte de los accionistas de Inparsa, quienes eran hasta 2023 propietarios mayoritarios de la cadena hotelera hasta que hace dos años Inparsa vendió el 51% de sus acciones en Beatriz Hoteles al fondo Guidebridge Opportunities I.
Los administradores de Inparsa anunciaron que presentarían una queja contra la actuación del juez de lo Mercantil ante el Consejo General del Poder Judicial. Entre otros puntos, los copropietarios defienden que la tasación de sus participaciones para dar via libre a la reestructuración fue "incompleta y obsoleta" y que la cadena cuenta con "solvencia acreditada".
Ante estas declaraciones públicas, el fondo de inversión Meru (Blantyre Capital) ha mantenido que esta reestructuración es "la única alternativa para garantizar la viabilidad de la compañía y la continuidad del empleo" y ha acusado a sus socios y administradores de "adoptar una postura obstruccionista".
Dicho plan contempla la extensión de los plazos de las cargas hipotecarias que pesan sobre Beatriz Costa (en Costa Teguise) y el Hotel Beatriz Playa (en Puerto del Carmen) y una inyección adicional para renovar y profesionalizar el negocio.
En un comunicado de prensa, Meru ha defendido que posee una posición mayoritaria sobre la deuda financiera de Inparsa y que comenzó el procedimiento de reestructuración "ante la ausencia" de "una propuesta de repago o solución" por parte de Inparsa y sus accionistas.
Quejas antes la acción judicial
Desde Inparsa han mantenido que el proceso sufrió "dilación indebida" y que el juez "contradijo su propia resolución previa, ignoró pruebas financieras esenciales y dictó sentencia sin competencia plena".
Inicialmente, Blantyre Capital Limited presentó ante el Juzgado de lo Mercantil la homologación de un plan de estructuración alegando que la entidad estaba en situación de insolvencia. Entonces, el Tribunal rechazó esta reestructuración, entendiendo que no quedaba acreditada la insolvencia. Sin embargo, este año, ante una nueva propuesta, el Juzgado dio vía libre a la reestructuración.
Según explican desde Inparsa, "el mismo juez que en 2024 rechazó el plan de Blantyre por inexistencia de insolvencia lo aprobó un año después, sin cambios en los hechos ni en las condiciones financieras".
Así, han defendido que "la interpretación judicial contradice el espíritu de la Ley Concursal y abre la puerta a su uso como instrumento especulativo, en lugar de una herramienta para preservar empresas viables". Frente a ello, desde el fondo Meru han asegurado que la nueva Ley Concursal evita el "secuestro" por parte de accionistas "que tienen un claro conflicto de interés".
Finalmente, desde Meru han asegurado que el fondo de Inversión Guidebridge "sigue tratando de bloquear la implementación del plan de reestructuración por todo los medios" y han advertido que esto "pone en peligro la propia viabilidad del negocio de la compañía y de sus empleados".