La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) ‘El Jable’ ha solicitado en nota de prensa que se aplique el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) a la batata. Es un impuesto que tiene, entre sus objetivos, compensar al agricultor canario por las desventajas que sufre como consecuencia de la lejanía, insularidad y las reducidas dimensiones que presentan las explotaciones de las islas, frente a los productos agrícolas que vienen de la península o de terceros países.
Actualmente, se grava con dicho impuesto al vino, las papas y los quesos elaborados fuera de Canarias mediante la aplicación de un porcentaje que puede ir desde el 5% al 15%. El establecimiento de este tributo es una forma de proteger a la producción local para garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en las Islas Canarias.
Según la SAT El Jable, las razones que justifican la aplicación del AIEM a las batatas "se sustentan en la evolución experimentada por el cultivo, tanto con respecto a su superficie como a su producción durante el periodo 2020/2024".
En esta primera gráfica se aprecia un acusado descenso de la superficie dedicada a este cultivo, al pasarse de 400 hectáreas a poco más de 200 hectáreas. Es decir, en el periodo tan corto de cinco años se ha abandonado casi la mitad de su superficie. Esto se traduce en una evidente pérdida de paisaje que en Lanzarote tiene una enorme repercusión, dado que sus paisajes agrarios constituyen uno de sus principales atractivos turísticos. Y, lo que es más preocupante aún para los territorios insulares como el nuestro, es que esta reducción del suelo agrícola provoca una disminución alarmante de nuestros niveles de autoabastecimiento alimentario.
Esta segunda gráfica contempla la evolución de las batatas cosechadas en Canarias en comparación con las batatas importadas. En la misma se aprecia el importante incremento experimentado por las importaciones, que han pasado de 786.119 kg en el año 2020 a 1.989.638 kilos en el año 2024, en clara desproporción con la producción local que en el mismo periodo ha bajado de forma drástica de los 4.582.000 kilos a los 2.527.500 kilos.
En definitiva, en el año 2024 las importaciones llegaron a representar el 44% del volumen total de batatas comercializas en Canarias, que finalmente ascendió a los 4.517.185 kilos.
Esta situación, dice la SAT El Jable, "arroja una excesiva dependencia alimentaria del exterior sometida a factores ajenos que escapan a nuestra capacidad de decisión, como son por ejemplo: el incremento del precio de los combustibles, la carestía de los insumos o la volatilidad de los mercados globales".
Entre los países terceros destaca de forma especialmente preocupante Egipto, donde sus exportaciones hacia Canarias han pasado de 0 kilos en el año 2020 a 512.461 kilos en el año 2024, según datos del ISTAC. Este crecimiento explosivo se produce bajo condiciones laborales, medioambientales y fitosanitarias practicadas en cultivos, que no observan los estándares europeos que sí cumple la producción canaria.
Por todo ello, "el agricultor canario se ve obligado a acudir al mercado con unas reglas claramente asimétricas y profundamente injustas que lo someten a una competencia desigual y le impide obtener una mínima rentabilidad por la venta de sus cosechas".
Además, señalan que habría que sumar otra consideración más y es que se desconoce el grado de cumplimiento de la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987, que establece los requisitos fitosanitarios exigidos a los productos hortofrutícolas (incluida las batatas) que acceden a las Islas Canarias. La infra dotación de los puestos de inspección fronteriza ha mermado su eficacia. Lo que puede abrir la puerta a la entrada de productos que no están sujetos a los mismos niveles de exigencia que a los cosechados en nuestras islas.
"Esta es una dinámica que se debe revertir si queremos evitar la pérdida de otro cultivo. En nuestra memoria colectiva está el de los tomates, cebollas, legumbres y papas. Unos cultivos que presentan una tendencia de evidente retroceso cuando no de inevitable desaparición", apuntan.
"Todo lo anterior conduce a una conclusión evidente: mantener el cultivo de las batatas en Canarias es una necesidad estratégica desde un punto de vista de política alimentaria. La ejecución de una medida de protección efectiva sería la aplicación del AIEM a las batatas de importación, dado que posibilitaría recuperar la producción local e incluso poder aumentarla. Esto permitiría fortalecer el autoabastecimiento, avanzar hacia una verdadera soberanía alimentaria y a su vez blindar la seguridad alimentaria de las islas frente a las oscilaciones de los mercados. Y, además, aunque solo fuera en un pequeño porcentaje, contribuiría a la tan reiterada, pero insuficientemente implementada, diversificación económica de Canarias", concluyen.