El Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Supremo un pronunciamiento más claro y con reglas específicas ante las dudas "razonables" que genera el que, aunque se trasladen a la Península, la tutela de los menores extranjeros solicitantes de asilo la sigue ejerciendo el Ejecutivo autonómico.
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado este martes en el Parlamento regional que actualmente hay en las islas 578 menores con protección internacional en recursos del Estado, entre ellos, 99 que no quieren abandonar el archipiélago por razones de arraigo, un extremo que deberá confirmar la Fiscalía.
Pero los traslados "van por detrás de las necesidades", ha apuntado la consejera, y además en el caso de los ya derivados a la Península la tutela la sigue ejerciendo la Comunidad Autónoma pese a la lejanía y por este motivo Canarias quiere que el Supremo aclare esta cuestión para atender a los menores con las debidas garantías y sin vacíos legales.
Además ha señalado que Canarias lleva demasiados años en primera línea de una ruta que es la más mortífera del mundo y "sin más medios" por parte de la UE en el nuevo pacto de emigración y asilo, ha advertido Delgado, "el archipiélago seguirá corriendo detrás de una crisis que no ha provocado".
También ha aludido a los programas de promoción intercultural puestos en marcha para responder "al miedo y al cansancio de los barrios" ante el malestar por decisiones que se perciben lejanas o poco explicadas, y alejar de esta manera los discursos de odio.
La consejera, que compareció a petición del grupo Popular, ha indicado que actualmente hay 4.471 menores extranjeros no acompañados en las islas, "seis veces más que la capacidad ordinaria que fijó el Estado" en el Real Decreto aprobado al respecto y que en aplicación de su disposición cuando se supera este número deberán ser trasladados "miles" de las islas antes de marzo de 2026.
Ha señalado también que Canarias "hace su parte con un esfuerzo muy por encima de lo que le corresponde por población y renta", de tal manera que ha destinado en lo que va de año 155 millones de euros para la red de acogida de menores y su atención social y sanitaria.