Este 2025 pasará a la historia para muchos por ser el año en que España llevó al BOE una solución para los niños y adolescentes que migran solos, pero su puesta en marcha se ha visto enturbiada por la batalla política y el pulso de las comunidades autónomas al Gobierno.
Un año en el que la gestión de la inmigración ha ocupado buena parte del debate político, con un Vox que ha vuelto a hacer del discurso contra la inmigración su bandera y un PP que ha endurecido significativamente sus mensajes y sus propuestas en la materia.
Es el año en el que el Supremo dio un tirón de orejas al Gobierno para que asuma la tutela de los menores solicitantes de asilo, pero también el de los disturbios racistas de Torre Pacheco (Murcia) y el que se cierra con el desalojo sin solución alternativa de 400 personas que ocupaban un edificio en Badalona (Barcelona).
Reubicaciones por decreto ante la negativa autonómica
Tras meses de negociaciones, el 18 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que modificó la ley de extranjería para establecer por primera vez en España una distribución de la acogida de menores migrantes obligatoria entre todas las comunidades.
El objetivo era aliviar a aquellas con más presión migratoria -sobre todo, Canarias, que acogía a 5.566 menores a principios de año- con un mecanismo para reubicar a unos 3.000 niños y adolescentes desde este archipiélago, Ceuta y Melilla a otros territorios en base a criterios como la población o la renta per cápita.
Este modelo encontró la oposición frontal de la mayoría de las comunidades (casi todas las del PP, pero también de Castilla-La Mancha), que consideran que se trata de un sistema impuesto de forma unilateral que no tiene en cuenta la realidad de sus sistemas, que dicen también colapsados, y para el que falta financiación.
Once autonomías han recurrido ante el Tribunal Constitucional la norma y algunas como Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares o Andalucía han impugnado ante el Supremo varias decisiones del Ejecutivo al respecto.
La tensión llegó a máximos el 17 de julio, cuando las comunidades del PP dieron plantón al Ministerio de Infancia en una Conferencia Sectorial que debía tratar este asunto.
A pesar del intento de bloqueo, el Ejecutivo puso en marcha el sistema, que comenzó a funcionar a finales de agosto y ha servido para derivar a al menos 342 jóvenes: 166 de Ceuta, 155 de Canarias y 21 de Melilla.
Tirón de orejas del Supremo al Gobierno sobre los niños refugiados
También en marzo, el Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo central que acogiera con recursos propios a todos los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que atendía Canarias, medida cautelar que había solicitado el archipiélago.
El alto tribunal dio 10 días al Gobierno para cumplir esta misión pero no fue hasta el pasado 21 de noviembre y después de dos avisos más que el Ejecutivo dio por completado el requerimiento tras acoger a alrededor de 700 niños y adolescentes, en su mayoría procedentes de Mali que han huido solos de conflictos armados, el hambre y la crisis climática.
A este escenario se ha sumado en el último mes otro requerimiento del Supremo en el mismo sentido, esta vez en relación a los niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Para cumplir con esta última orden, el Ejecutivo ha dicho que pondrá a disposición plazas de su centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que está en el punto de mira desde septiembre, cuando el Ayuntamiento decretó su cierre por falta de licencia, una decisión que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recurrido ante la Justicia.
Bajan un 60% las llegadas a Canarias
Las llegadas irregulares representan una parte muy pequeña de la migración del país -el 94 % de extranjeros entran a España por vía regular-, pero ocupan una parte importante del debate y la gestión migratoria.
Tras un 2024 de récord de llegadas por vía marítima, este 2025 han accedido al país de forma irregular 35.935 personas según el último balance del Ministerio del Interior, con datos hasta el 15 de diciembre, lo que supone un descenso general del 40,4 %, con una caída del 59,9 % en el caso de Canarias.
Al archipiélago han llegado 17.555 migrantes. Según datos de Acnur, hasta el pasado 30 de noviembre 416 personas han desaparecido o fallecido tratando de llegar a Canarias en 2025. La ONG Caminando Fronteras eleva esta cifra a 1.482 víctimas solo hasta mayo en su último recuento.
La menor presión en esta ruta, los primeros traslados de menores a otras comunidades a través del real decreto ley y la derivación de solicitantes de asilo por orden del Supremo han contribuido a que los centros de menores de las islas hayan comenzado a vaciarse, aunque siguen saturados: Canarias ha pasado de tutelar 5.566 a principios de año a 4.506 a finales de 2025.
Suben un 27,3 % las llegadas en patera a Baleares
El caso de las Islas Baleares ha sido diferente: 7.295 personas han llegado en patera hasta el pasado 15 de diciembre, un 27,3 % más que en 2024. Además, este 2025 se han recuperado 57 cuerpos sin vida en aguas próximas al archipiélago balear.
Esto ha tenido su efecto en su sistema de acogida para niños y menores migrantes y el Govern balear ha denunciado en varias ocasiones la saturación de su sistema.
Las islas no pueden derivar a ninguno de sus jóvenes a otros territorios porque no cumplen los requisitos de sobreocupación pero tampoco han recibido a ningún joven desde otra comunidad, ya que ha planteado hasta tres recursos judiciales contra traslados acordados desde Canarias.
En Ceuta, este año han llegado 3.396 personas por la vía terrestre (que incluyen las entradas a nado), un 42,3 % más que en 2024, y se ha encontrado a 44 personas fallecidas en sus costas, el doble que el año anterior.
El mecanismo de reubicación de los menores ha aliviado la presión en la ciudad autónoma con el traslado de 166 chicos a otros territorios pero su sistema sigue tensionado -acoge ahora a 402 menores- debido a las llegadas a nado de niños y adolescentes: 764 este 2025, un 16 % menos que en 2024.
En el caso de Melilla, las llegadas por vía terrestre han aumentado un 255,4 % de las 92 que se habían registrado hasta el 15 de diciembre de 2024 a las 327 de este año.
La violencia contra los migrantes 'sale' de las redes: el caso de Torre Pacheco
En el terreno de las redes sociales, este 2025 los discursos de odio se han avivado y radicalizado, con una preocupante escalada en la polarización social y legitimación de conductas agresivas que ha tenido su efecto incluso fuera de las plataformas.
Esta tendencia tuvo su máxima expresión el pasado julio en Torre Pacheco (Murcia), cuando grupos de extrema derecha se movilizaron en redes sociales para acudir al municipio a hacer una 'cacería' de migrantes después de un vecino de 68 años sufriera una paliza por la que fueron detenidos tres jóvenes marroquíes.
Luces y sombras del nuevo reglamento de extranjería
2025 también ha sido el año de la gran reforma del reglamento de extranjería del Gobierno, con medidas favorables para los migrantes como la flexibilización de la figura del arraigo pero también efectos adversos para los solicitantes de asilo, un aspecto muy criticado que ha llevado a algunas ONG a recurrir la norma ante el Tribunal Supremo.
Para el 2026 queda pendiente que el Gobierno apruebe el Plan de Convivencia e Integración Intercultural, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en octubre de 2024.
El Ejecutivo también deberá culminar la implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que traerá cambios importantes a nuestra legislación, especialmente en materia de asilo, y ya ha despertado las suspicacias de muchas entidades sociales ante el riesgo de una posible regresión en los derechos de los migrantes.