La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la nulidad del despido de una trabajadora que fue expulsada de una empresa de Arrecife en mayo de 2024 mientras se sometía a tratamiento de reproducción asistida.
La empleada presentó una demanda contra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y contra la empresa Amplifon Ibérica SAU en la capital de Lanzarote por esta decisión.
El Juzgado de lo Social número 1 de Arrecife ya se había pronunciado a su favor, declarando que su despido suponía una vulneración de derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.
Además, el Juzgado de Arrecife obligó a la empresa a readmitirla de forma inmediata con sus anteriores condiciones de trabajo, a pagar los salarios devengados desde su despido hasta su readmisión o a compensarla por liquidación y finiquito, así como a abonarle 7.501 euros por daños morales.
La empresa, que no acudió al acto de conciliación previo al juicio, recurrió esta decisión a través de un recurso de suplicación que ahora ha sido rechazado. A parte de las compensaciones económicas citadas, la empresa deberá ahora pagar las costas del juicio, valoradas en 800 euros, incluyendo la representación técnica de la trabajadora.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias expone que existe "una conexión" entre la decisión de la paciente de acudir al tratamiento para quedarse embarazada y la de la empresa de despedirla. Además, indica que la empresa no cumplió con su obligación de probar que la despidió por razones distintas a la de "poner fin a su relación por el mero hecho de querer ser madre".
Esta empleada, que llevaba dos años en la entidad, trabajaba de oficial administrativa en uno de los centros de Gaes en Arrecife con producciones cambiantes y que fueron ascendiendo a partir de enero del 2024 por encima del millón de euros. Sin embargo, fue despedida el 15 de abril del 2024, alegando el "poco tráfico" en la "producción del centro" de trabajo, aunque el Juzgado ha asegurado que los datos mostraban lo contrario.
Según ha asegurado el TSJC, la empresa conocía que la trabajadora se estaba sometiendo a un tratamiento de reproducción asistida, ya que en noviembre de 2023 fue diagnosticada de "esteliridad primaria". Por este motivo, tuvo que acudir en dos ocasiones a comienzos de 2024 a un hospital en Tenerife para recibir tratamiento en el Servicio Canario de Salud.