La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido al Senado que suspenda la inmunidad del senador designado por la Comunidad Autónoma de Canarias, Pedro San Ginés. Un paso más para seguir avanzando judicialmente en la causa en su contra por la presunta comisión de delitos de falso testimonio y denuncia falsa.
El Alto Tribunal recuerda que los senadores no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, mientras añade que "la inmunidad de diputados y senadores no es ni puede ser entendida como un privilegio personal".
En este caso, el juez instructor expone que existen "indicios bastantes" de que Pedro San Ginés, que además de senador también es actual secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, pudo cometer ambos delitos. Esta causa fue reabierta por la Sala de lo Penal tras estimar los recursos de apelación de Fiscalía y acusación particular y reconocer que su archivo fue "precipitado".
El Alto Tribunal indica que San Ginés, siendo entonces presidente del Cabildo de Lanzarote y de la empresa de Promoción Exterior de Lanzarote de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, se presentó ante las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Costa Teguise el miércoles 11 de noviembre de 2009 a las 22.30 horas de la noche. San Ginés se personó en el cuartel de la Benemérita para denunciar a Carlos Espino, Antonio González y a José Manuel Páez por los contratos entre los Centros Turísticos y la empresa de González, Climafrical.
El Supremo expone que esta comparecencia "fue realizada en el marco" de otra investigación impulsada por Espino, que dió lugar a la mayor causa de corrupción de Canarias, el caso Unión.
San Ginés volvió a prestar declaración en 2011, esta vez en calidad de testigo y no de denunciante, ya que los Centros de Arte, Cultura y Turismo se querellaron posteriormente contra Espino por los mismos contratos de los Centros con Climafrical. Tras la última declaración de San Ginés, la causa fue sobreseída de forma provisional y luego de forma definitiva en 2019.
La hija de Antonio González, dueño de Climafrical, que se vio endeudado por el proceso judicial derivado de la denuncia de San Ginés y murió antes de ver el archivo definitivo de la causa en su contra, se querelló contra San Ginés por estos hechos al entender que había denunciado falsamente a su padre y luego había testificado de forma falsa ante el juzgado en varias ocasiones. El Juzgado ya había dictado la apertura de juicio oral cuando San Ginés fue aforado por designación del Parlamento de Canarias, a iniciativa de Coalición Canaria.
En una resolución del pasado abril, el Alto Tribunal expuso que "existe una innegable base indiciaria" contra San Ginés. Además, añadió que estos indicios "distan de poder ser tachados de extravagantes o arbitrarios".