La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a Isabel Martinón del delito de prevaricación por el que había sido condenada en el caso Inelcon, una de las piezas del caso Montecarlo.
En un fallo judicial dictado el pasado 17 de septiembre, el alto tribunal admitió el recurso de casación presentado por la defensa de la exconcejala de Arrecife y revocó la condena dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en su contra.
La Audiencia había condenado en 2022 a Isabel Martinón por firmar tres órdenes de pago valoradas en 55.566 euros a dos empresas y aseguró que la entonces edil de Hacienda conocía "los defectos de los que adolecía la tramitación de las facturas". Martinón fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a pagar una décima parte de las costas procesales.
"Grave déficit descriptivo" en la sentencia condenatoria
En la resolución judicial que revoca esta condena y a la que ha tenido acceso La Voz, el Supremo ha señalado la "incompletitud descriptiva" y la falta de precisión en la descripción de los hechos probados en los que se basó la sentencia condenatoria.
El órgano judicial ha confirmado que los hechos "resultan manifiestamente incompletos" e impiden conocer al Tribunal "de qué exigencias se desvió la recurrente". Al mismo tiempo, el alto tribunal ha aludido a un "grave déficit descriptivo" en dicho fallo judicial.
En este sentido, la Sala ha indicado que no puede "evaluar si se cumplen las exigencias" para considerar que Martinón cometió un delito de prevaricación administrativa, ya que el Supremo desconoce "de manera absoluta los defectos" que el tribunal analizó para asegurar que la entonces concejala de Hacienda no podía autorizar el pago de las facturas que la llevaron a ser condenada.
Mientras tanto, la Sala ha defendido que la actuación de Martinón "se ajustó a sus obligaciones dentro del expediente contable" y ha añadido que además las obras facturadas no afectaron a los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Arrecife, ya que se ejecutaron y su importe "se ajustó al valor de mercado".
Dos condenados y nueve absueltos
Isabel Martinón y Carlos Francisco Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife, fueron los únicos condenados en esta pieza del caso Montecarlo. Esta causa investigaba los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento público y falsedad en documento privado contra ambos y otras nueve personas, que resultaron absueltas.
La Audiencia Provincial había considerado probado que Francisco Sáenz firmó los documentos contables que reconocían el pago de facturas a dos empresas "sin comprobar, faltando a los deberes inherentes a su cargo". Tras ello, Martinón le dio el visto bueno al pago de las facturas. Tras la sentencia del Supremo, Carlos Sáenz es el único condenado por esta causa.