El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arrecife ha clasificado como rústicas las fincas del antiguo Plan Parcial de Playa Quemada, en el municipio de Yaiza, que abría la puerta a construir un campo de golf, 300 camas turísticas y 1.600 camas repartidas entre chalets, bungalós y otros usos entre Puerto Calero y Playa Blanca. Según ha informado la Oficina de Comunicación del Juzgado a La Voz, el perito designado judicialmente ha clasificado como rústicos los terrenos.
La decisión judicial también se apoya en las notas registrales donde estas parcelas aparecen como suelo rústico. La decisión judicial pone fin así a la posibilidad de crear una urbanización turística de lujo en una zona que ha evitado la masificación y el desarrollismo turístico.El Plan Parcial de Costa Playa Quemada fue promovido por la empresa Prosolmar S.A, aprobado en 1993 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias en enero de 1994. Sin embargo, nunca fue ejecutado.
La dilación en su promoción permitió dar por caducado el procedimiento y recalificar los terrenos como rústicos. Sin embargo, la empresa ha luchado durante años en los tribunales para lograr que el suelo recuperara la consideración de urbano. Los rumores sobre este plan se han reavivado con la noticia de que el juzgado de Instrucción de Arrecife va a sacar a subasta diez fincas de este plan parcial, con una superficie de más 316.500 metros cuadrados.
Al hallar discrepancias en la categoría del suelo, un Juzgado envió un oficio al Cabildo de Lanzarote en 2023 para que certificara si estas fincas eran rústicas o urbanizables. La diferencia económica entre una categoría y otra de suelo es palpable. Una tasación de 2022 expuso que los terrenos, considerados en su totalidad rústicos, valían alrededor de cuatro millones de euros. Frente a ello, con la categoría de urbanizables, una tasación del 2016, incrementó hasta los 25,3 millones de euros el valor de los derechos de urbanización de la promotora.
La propiedad aprovechó la caída del Plan General de Ordenación de Yaiza para tratar de recalificar nuevamente los terrenos. Sin embargo, la moratoria turística aprobada en Lanzarote en 1998 ya había dictaminó la suspensión temporal de nuevas licencias urbanísticas sobre localidades turísticas a fin de revisar el planeamiento insular. Entre ellas, la de Playa Quemada.
A pesar de la caída del Plan General de Yaiza, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó en 2018 que la promotora rebasó los nueve años que la ley le otorgaba para ejecutar el Plan Parcial Costa Playa Quemada sin realizar las obras. La empresa tenía hasta diciembre de 2002 para ejecutarlo, pero no lo hizo.
En su batalla judicial, la empresa Prosolmar SA contó con la defensa del abogado condenado Felipe Fernández Camero, que debe cumplir diez años de prisión por otra causa judicial, a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Supremo.
La pérdida de los derechos urbanísticos sobre esta parcela también se sustentan en la Ley 6/2001. En 2001, Canarias aprobó la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo, conocida popularmente como la Ley de Moratoria, que extinguió aquellos planes parciales con destino turístico que hubieran sido aprobados de forma definitiva antes de 1995.