"Nos has contado que te cuesta un poco más que al resto de niños y niñas atender en la clase, estudiar, obedecer a tu mamá y a tu papá, hacer caso a tu hermano, no enfadarte, de repente, sin saber por qué". Así comienza el voto particular emitido por la magistrada Gloria Poyatos en una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que reconoció el grado de discapacidad a un niño de diez años diagnosticado de síndrome de asperger.
La magistrada discrepó de la opinión mayoritaria de la Sala, que entendía que no debía adaptarse el lenguaje judicial "para hacerlo comprensible para su destinatario", un niño de diez años. Poyatos plasmó en su voto particular una explicación de la sentencia adaptada al menor: "La adaptación del lenguaje a las resoluciones judiciales cuando afecten a personas menores de edad, no es una opción de quien juzga sino una obligación".
"Nos has contado que [...] también te es difícil seguir, en general, el ritmo de las actividades en casa, la calle o el cole. Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta hacer más las cosas", resaltó la magistrada.
Finalmente, aconsejó al menor "no dejes de estudiar y hacer las tareas diarias del cole, porque ello te servirá para entenderte mejor y así podrás compartir juegos, tareas, deportes, excursiones y otras actividades con tus amigos y amigas del cole o fuera del cole".
El Juzgado ratificó el grado de discapacidad del menor
La madre del menor solicitó en 2021 el reconocimiento del grado de discapacidad. Al año siguiente, un equipo técnico facultativo dictaminó que el niño tenía un 15% de discapacidad, mientras que al año siguiente la Consejería de Bienestar Social no le reconoció ninguno.
Su madre reclamó la decisión de la Consejería, apoyándose en un informe psicopedagógico de un gabinete privado que señalaba que el menor mostraba "señales de alarma" y podía padecer Trastorno del Espectro Autista. Estos síntomas fueron contrastados por diferentes pruebas clínicas. Finalmente, tras varias consultas médicas, el menor fue diagnosticado de asperger.
El Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas reconoció al menor un 45% de discapacidad. Sin embargo, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias recurrió el fallo.
Finalmente, la Sala de lo Social del TSJC ha ratificado la sentencia del Juzgado de Arrecife y ha condenado en costas, por un total de 800 euros, a la administración pública.