El Ministerio Fiscal ha rebajado de seis a un año la pena de prisión que solicitaba para el exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife Carlos Sáenz en el marco de la presunta trama de corrupción del caso Montecarlo. El informe final de la Fiscalía ha reflejado la conformidad alcanzada entre la defensa de Sáenz y el Ministerio Público, donde concurren dos atenuantes: la confesión y las dilaciones indebidas del proceso judicial.
El Ministerio Público ha mantenido la petición de penas de entre tres y seis años de cárcel para el gestor de Tunera Producciones Eduardo Ferrer, el exconcejal de Hacienda José Montelongo (PSOE), el exconcejal de Cultura y Barrios Lorenzo Lemaur (PP), la exconcejala de Hacienda Isabel Martinón (PNL); y los exediles de Festejos Eduardo Lasso (PIL) y Víctor Sanginés (PSOE).
A los representantes políticos se suma la acusación contra los trabajadores municipales Miguel Ángel Leal, Blas Cedrés y José Nieves.
Servicios pagados y nunca prestados
La representante del Ministerio Público ha sostenido que, al menos entre los años 2009 y 2012, Sáenz y Ferrer llevaron a cabo una serie de acciones para que este último obtuviese fondos del consistorio, principalmente con pagos por servicios nunca prestados, otros que vulneraron la normativa de contratación pública y otros que se hicieron al amparo de acuerdos plenarios.
La Fiscalía defiende que los responsables municipales no acreditaron el cumplimiento de los trabajos ni pusieron trabas a las cantidades reclamadas por la mercantil.
Por su parte, la letrada del Ayuntamiento ha asegurado que este no es un caso aislado y que "en Arrecife parece que se ha instalado una cultura de la impunidad". En este sentido, indicó que el proyecto de dinamización fue un "artificio" para el desvío de fondos públicos y aseguró que era el empresario quien marcaba la "agenda cultural" del municipio.