La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo 25 de noviembre en Arrecife a seis acusados de formar parte de una organización criminal que se dedica al tráfico ilegal de personas llegadas en patera a Lanzarote para que pudieran continuar con su viaje migratorio fuera de la isla a cambio de dinero.
El Ministerio Fiscal se apoya en las investigaciones realizadas por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y la Brigada de Investigación de Redes Grupo XIII.
La Fiscalía acusa a los marroquíes Z.K, H.J., MK. y a los españoles Y.B.G., Y.G.G. de pertenecer a una organización criminal que presuntamente se dedicaba a al tráfico ilegal de personas, recogiendo, alojando, manteniendo y dotando de los documentos necesarios a personas migrantes llegadas de forma irregular por vía marítima a Lanzarote para que pudieran viajar a la península o a terceros países.
Como presuntos miembros de la organización en España, el Ministerio Público acusa a Z.K. de ser uno de los jefes del grupo, con la ayuda de la acusada Y.G.G., con quien compartía domicilio. En esta vivienda presuntamente se daba alojamiento a las personas migrantes.
La Fiscalía acusa a M.K. de encargarse de los traslados de las personas migrantes hasta el Aeropuerto de Lanzarote. En este sentido, el Ministerio señala que tanto Z.K. como Y.G.G. presuntamente recibían dinero de los familiares de las personas migrantes a través de pagos realizados por Western Union para trasladarlos con ayuda de M.J. al Aeropuerto de Lanzarote y que estos pudieran viajar a la península entre los meses de octubre y noviembre de 2020.
En esta línea, el acusado H.J., quien presuntamente es otro de los jefes del grupo, respaldado por su pareja Y.B.G., quien presuntamente alojaría en la vivienda de ambos también a las personas migrantes a la espera de trámites y ayudaron a trasladarse a la península a diferentes personas migrantes entre los meses de septiembre de 2019 y noviembre de 2020 tras recibir un pago por parte de sus familiares.
La Fiscalía pide el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa con respecto a otros dos acusados, al considerar que no está acreditada su participación.
El Ministerio Público califica los hechos como dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Para los acusados Z.K. y H.J pide nueve años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el abono de las costas. Mientras tanto, para las acusadas Y.G.G y Y.B. y el acusado M.K. solicita cinco años y nueve meses de prisión, así como el abono de las costas.