La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará los próximos días 28 y 29 de enero en Lanzarote a un acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer en una relación que comenzó siendo consentida pero que se tornó violenta y el acusado presuntamente continuó penetrándola a pesar de que la víctima le pedía que parara.
El Ministerio Fiscal expone que los hechos se remontan a las 06.00 horas de una mañana de octubre de 2022 cuando el acusado F.B.S. y la víctima se encontraban en las inmediaciones de un restaurante en Arrecife, lugar en que el que decidieron tener relaciones sexuales de forma voluntaria y consentida por ambas partes.
En un momento durante el transcurso de este encuentro sexual, la víctima le pidió al acusado F.B.S. que parara, una orden que este presuntamente omitió y habría continuado violándola sin preservativo y de una forma "agresiva y bruta", a pesar de los retirados ruegos de la víctima.
Tras ello, el acusado la tiró al suelo y continuó penetrándola en contra de su voluntad al mismo tiempo que presuntamente la arañaba y la agarraba fuertemente del cuello y de los pechos.
F.B.S. presuntamente solo dejó de penetrarla cuando la víctima consiguió zafarse de él y vio que esta estaba llorando desconsoladamente. Esta agresión le provocó varias lesiones físicas. Además, como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió secuelas psicológicas como angustia, temor, desconcierto, pánico, vergüenza, malestar y desasosiego.
El Ministerio Público acusa a F.B.S. de un delito de agresión sexual y otro leve de lesiones. Por el delito de agresión sexual pide para el acusado una pena de diez años de prisión, la inhabilitación absoluta para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por ella a una distancia inferior a 500 metros, durante un período de tiempo de 20 años y, además, la prohibición de comunicarse por cualquier medio con ella también durante 20 años.
Asimismo, también pide para F.B.S. libertad vigilada durante 10 años y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 30 años.
En cuanto al delito leve de lesiones, el Ministerio Público pide para el acusado una pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros, con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, en caso de ser culpable deberá abonar las costas del juicio.
También deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros por los daños morales y con 230,37 euros por las lesiones sufridas.