La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a penas inferiores a un año a los tres procesados en la primera pieza del caso Mediador, todos ellos por un delito de cohecho continuado.
El intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al caso, ha sido condenado a cuatro meses y quince días de prisión; mientras que el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y el empresario Antonio Bautista, han sido condenados a nueve meses.
El pasado enero, un jurado popular determinó que los tres eran culpables de un delito de cohecho a la conclusión de la vista oral en la que se juzgaron presuntos sobornos para conseguir contratos de suministros de placas solares.
Esta primera pieza del caso Mediador está relacionada con los pagos que realizó el empresario a los otros dos procesado para conseguir contratos de placas solares en las islas, intermediación que nunca dio resultado.
El pasado enero, un jurado popular determinó que los tres eran culpables de un delito de cohecho a la conclusión de la vista oral en la que se juzgaron los sobornos para conseguir contratos de suministros de placas solares.
En la sentencia se declaran como hechos probados al menos tres encuentros en los que el empresario le entregó al mediador en pago a sus servicios 8.500 euros, dinero que luego se repartieron Navarro Tacoronte y Espinosa Navas, y también que el primero sufragó un viaje a Fuerteventura y los gastos del guardia civil y de su acompañante.
También especifica que el empresario hizo estos pagos y el mediador hizo su papel con la intención de corromper, "sin importarles el resultado", al general; quien a su vez se sirvió de su cargo para "lograr sus ilícitos propósitos".
En el fallo se detalla que el empresario, además de las entregas de dinero al exgeneral a través del mediador, le hizo varios regalos para "engrasar" la relación como cajas de puros o comidas, incluso antes de conocerlo personalmente.
Todo ello al considerar de especial interés el beneficio que le podía reportar a sus negocios Espinosa como director del proyecto GAR-SI SAHEL para la seguridad y la estabilización de esa región del continente africano.
Una tesis que se refuerza con diferentes comunicaciones interceptadas entre los tres procesados y en los movimientos bancarios analizados durante la investigación policial.
La Audiencia ha resuelto en sentencia la suspensión de la pena privativa de libertad para el empresario y el exgeneral por un plazo de dos años, a condición de que en ese periodo no delincan.
En cambio, se le deniega este beneficio al mediador por un antecedente penal reciente, un delito de estafa cometido en noviembre de 2018 por el que fue condenado a 21 meses de prisión, que denota "una falta de prognosis favorable de no comisión de futuros delitos"
