El juez de la Audiencia Nacional Jose Luis Calama Teixeira citó a declarar como investigado a comienzos de semana al expresidente español entre 2004 y 2011 José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El socialista es el primer expresidente de la democracia en sufrir una imputación y deberá sentarse en el banquillo el próximo 2 de junio.
Según expone el auto judicial publicado por El País y al que ha podido acceder La Voz, la investigación sitúa a Zapatero como líder de una "estructura organizada y estable" presuntamente "orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras" y a la "obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros".
El juez Calama asegura que los indicios colocan a Zapatero presuntamente "al vértice de la estructura" de esta red que utilizaría "un entramado societario complejo", que se nutre de sociedades sin actividad real, para canalizar los beneficios obtenidos.
La investigación, aún en marcha, coloca al empresario Julio Martínez Martínez, como "interlocutor habitual" de los clientes y "receptor de instrucciones directas" de Zapatero. Además, asegura que Martínez Martínez actúa junto al lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo como "intermediarios directos" entre el expresidente y sus presuntos clientes. No obstante, en el auto no aparece el canario como investigado en la causa. De hecho, se enteró del mismo por su publicación en la prensa.
"Una oportunidad" para Plus Ultra entre miles de muertos
En uno de los autos más importantes de la historia democrática de España por la investigación de un expresidente, el juzgado comienza exponiendo una conversación en mitad de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, en marzo de 2020.
Mientras el virus dejaba miles de muertos en España, el accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes aseguró al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, que "una crisis equivale a una oportunidad". De este modo, el juzgado expone que los empresarios articularon "dos líneas de influencia diferenciadas" para tratar de conseguir una ayuda económica de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Una de ellas, a través del Ministerio de Trasportes, bajo la dirección del ya investigado en otras causas José Luis Ábalos y la otra, a través de José Luis Rodríguez Zapatero.
En medio de esta charla, el presidente de Plus Ultra indicó al accionista Rodolfo Reyes: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". La instrucción asegura que la empresa acudió a "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos" para obtener esta ayuda.
En esta conversación en mitad del confinamiento por coronavirus, ambos aseguran haber encontrado un puente para llegar a Zapatero: el lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo, a quienes los empresarios denominan como "la pieza de ZP en Venezuela". Sin embargo, entre las conversaciones reproducidas en el auto no aparece una conversación en la que intervenga el expresidente.
Manuel Fajardo Palarea sobre el auto que menciona a su hijo
Por su parte, el padre de Manuel Aarón Fajardo, el senador socialista por Lanzarote abogado Manuel Fajardo Palarea, ha señalado en declaraciones a La Voz que confía en la justicia, como también confía "totalmente" en su hijo y en el expresidente Zapatero. Al mismo tiempo, en que ha señalado que esta causa estaba "anunciada en digitales de la península desde hace meses" y que fue informada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) antes de su polémico viaje a México.
Manuel Fajardo Palarea rechaza vincular esta causa judicial a una persecución política y señala: "El día en que deje de confiar en la justicia dejo de confiar en la democracia".
Plus Ultra y las ayudas económicas
En la pieza judicial se recogen conversaciones entre su hijo, Manuel Aarón Fajardo y el presidente de Plus Ultra, donde Julio Martínez Sola explica que están teniendo dificultades para recibir líneas de crédito y pide la intervención de esta presunta red de influencias.
Entonces, Fajardo lo pone en contacto con el empresario Julio Martínez Martínez, a quien le traslada que la compañía necesita una financiación de quince millones de euros. A partir de entonces, las conversaciones para conseguir la financiación se dan entre los representantes de Plus Ultra y el empresario Martínez Martínez.
En estos mensajes, el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, asegura que no habló directamente con Zapatero y sitúa a Julio Martínez Martínez como el "lacayo" del expresidente. Además, asegura que Martínez Martínez le habló de una boutique financiera creada para cobrar las presuntas mordidas, aunque entonces no se habló de cantidades económicas.
El juzgado expone que mientras intentaban alcanzar las subvenciones a través de la influencia de Zapatero, los representantes de Plus Ultra siguieron tratando durante el verano de 2020 de conseguir vías de financiación, tocando la puerta del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tras una reunión con representantes del Ministerio, asegura que aunque el área no decidía quién recibe las ayudas, la cartera ministerial se comprometió a hablar bien de la compañía para impulsar la ayuda.
El juez de la Audiencia Nacional asegura que finalmente fue la vía de Zapatero la que "adquirió un papel predominante" y permitió a Plus Ultra conseguir la ayuda.
Julio Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra
En julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Entonces, Plus Ultra contrató los servicios de asesoramiento de la mercantil Análisis Relevante SL, bajo la representación de Julio Martínez Martínez. En esta empresa José Luis Rodríguez Zapatero participa como consultor.
El Juzgado le atribuye además una participación "activa y directa" en los canales de la organización, incluso de formar parte de un chat grupal de la mercantil.
Durante un año, los pagos ascendieron a 72.600 euros por el "asesoramiento continuado" de la situación política, social y económica del mundo. En agosto de 2020, Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, aunque sí existía una deuda.
El juez de la Audiencia Nacional Jose Luis Calama Teixeira expone que esta presunta red percibía fondos en su entorno societario a través de contratos de asesoría o consultoría que servían como "mera justificación documental". Así, sitúa a Zapatero y a la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas, como "beneficiario final" de los ingresos.
Al mismo tiempo, asegura que la secretaria de la oficina de Zapatero, Gertrudis Alcázar, estaría en un tercer nivel dentro de esta presunta trama, por encargarse de la gestión cotidiana del entorno societario.
El juzgado insiste en que la presunta actividad ilícita sería conducida por el expresidente español, que habría dictado instrucciones para crear sociedades en el extranjero en las que recibir pagos.
Una investigación de la UDEF
Detrás de esta investigación se encuentra la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a través de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Dirección General de la Policía.
La Audiencia Nacional decidió abrir el pasado marzo una pieza separada, tras recibir un auto de un Tribunal de Instancia de Madrid. A finales de 2025, en el mes de noviembre, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid autorizó el registro de los domicilios de nueve personas físicas o empresas, entre ellas, las instalaciones de Plus Ultras Líneas Aéreas SA. El órgano judicial dio el visto bueno a acceder y volcar datos informáticos, así como a las comunicaciones por correo electrónico y otro tipo de comunicaciones telemáticas.
La agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) puso a disposición de Anticorrupción la extracción telefónica de un móvil que pertenecía a uno de los investigados: el accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas.
A partir del análisis de estas conversaciones, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales solicitó registrar el domicilio y la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero. El Juzgado dio vía libre a este registro el pasado martes 19 de mayo, desde las 6.00 horas de la mañana. A parte de las dependencias del expresidente también se registró el domicilio social de la Whatherfav SL, la sede de Sofgestor SL y el de Inteligencia Prospectiva SL.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal ha sido la responsable de este operativo, con el apoyo puntual de la Sección Operativa de Apoyo de la UDEF central, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y con la intervención de Guías Caninos y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT). El Juzgado ordenó registrar también plazas de aparcamiento privadas, los propios vehículos, las dependencias anexas, pero también "sótanos, trasteros, cuartos contadores, de calefacción o de archivo".
La Audiencia Nacional solicitó que se autorizara la incautación de monedas virtuales (como Bitcoins o Litecoins), así como a obtener los almacenamientos masivos de información que estuvieran resguardados en servidores electrónicos. Además, solicitó durante el registro el volcado de los teléfonos usados por los investigados.
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