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La Plataforma No Cierre de Caminos valora como positiva su reunión con la alcaldesa de Teguise

Según el colectivo, Olivia Duque se compromete a revisar las alegaciones presentadas y a consensuar la modificación de la normativa antes de llevarla a pleno municipal

Movilización en Teguise ante la nueva normativa

La Plataforma No Cierre de Caminos mantuvo este viernes 16 de enero una reunión con la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, para abordar la ordenanza municipal que regula la circulación de vehículos en caminos rurales del municipio.

En el encuentro participaron cuatro representantes de la plataforma, así como dos vecinos de Guatiza, que acudieron en representación de los residentes afectados por la circulación de rutas de buggy en la localidad. Durante la reunión, los vecinos expusieron el impacto que esta actividad tiene en la convivencia y el entorno, una intervención que fue valorada positivamente por la plataforma.

Según trasladaron los asistentes, la alcaldesa se comprometió a tener en cuenta todas las alegaciones presentadas, tanto por usuarios ocasionales de los caminos como por los vecinos de Guatiza. Duque también valoró como positivo el movimiento ciudadano generado en torno a esta ordenanza, al considerar que ha permitido visibilizar a los distintos colectivos afectados.

Desde la plataforma se insiste en que la ordenanza no tuvo en cuenta que el término vehículo off road incluye a los vehículos 4x4, utilizados habitualmente por agricultores, cazadores y pescadores, lo que habría supuesto una restricción directa para estos colectivos.

Tras las movilizaciones ciudadanas y el periodo de alegaciones, el Consistorio ha podido valorar que el planteamiento inicial de la ordenanza no fue el más adecuado, según se expuso en la reunión.

Como conclusión, la plataforma valora la reunión como positiva y destaca el compromiso de la alcaldesa de contactar con ellos una vez esté redactada la modificación de la ordenanza, con el fin de analizarla antes de su debate en pleno. Además, Duque trasladó su intención de que futuras actualizaciones normativas que afecten a colectivos concretos se consensúen previamente con las partes implicadas.