El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido el derecho de una promotora inmobiliaria a derribar un edificio histórico que iba a formar parte de los 220 inmuebles protegidos recogidos en el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales de Arrecife, que aún no ha sido aprobado. En concreto, se trata del inmueble localizado en la calle Luis Morote, número 12 y 14, de la capital de Lanzarote.
En la sentencia a la que ha accedido La Voz, el Juzgado responde a un recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa Hormigones y Construcciones Arrecife SL. contra el Ayuntamiento de Arrecife por desestimar por silencio administrativo la solicitud de demolición que había presentado en agosto de 2022.
Los hechos se remontan a hace cuatro años, cuando el Ayuntamiento de Arrecife, bajo la alcaldía de Ástrid Pérez (PP), no respondió a la solicitud de derribo que había sido presentada por la empresa en el plazo de tres meses establecido por la ley. Tras ello, el consistorio determinó que la solicitud estaba denegada por silencio administrativo. Ante esta situación, la empresa acudió a la justicia para revocar esta decisión administrativa y pidió que le fuera concedida la licencia de demolición del inmueble por silencio administrativo.
Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Arrecife a La Voz, el inmueble se encontraba en el borrador del nuevo Catálogo que se está tramitando en la capital de Lanzarote, pero su protección efectiva aún no está en vigor, ya que ni siquiera se había llevado a cabo su aprobación inicial. Este inmueble forma parte del centenar de bienes que llevan décadas esperando a ser protegidos en la capital y ahora corre el riesgo de desaparecer.
En respuesta al recurso presentado por la empresa, el consistorio pidió al juzgado que desestimara su petición, aludiendo que el inmueble estaba en un "procedimiento tendente a su catalogación". Sin embargo, el juzgado considera que el Ayuntamiento de Arrecife debió acreditar las "razones urbanísticas o sectoriales que impedían la autorización" y resalta que no aportó el expediente administrativo en el que se basa su oposición a la demolición.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo consideró que las pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Arrecife eran "insuficientes" y requirió en septiembre de 2025, durante la presidencia de Oswaldo Betancort (CC), al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote que informara en un plazo de diez días de si el inmueble está catalogado o se había iniciado un procedimiento para catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) o si tiene alguna protección actual.
La Sala concluyó que el inmueble "ni se encuentra recogido en ningún catálogo de protección ni se ha iniciado el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)", además de que tampoco está "incluido en el Catálogo municipal de Bienes Culturales ni existe un procedimiento de catalogación legalmente incoado que conduzca a ello". En esta línea, el juzgado incide en que tampoco se demostró que "sea merecedor de protección".
La decisión judicial desoyó un informe técnico aportado por el Cabildo de Lanzarote en el que se recogía el valor cultural del inmueble, avalándose en que se excedía de lo preguntado. El juzgado ha dado luz verde a la demolición del inmueble y ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales, valoradas en 1.200 euros.