La Federación Sindical Canaria -compuesta por los sindicatos FSOC y SBC- hace un llamado firme al Parlamento autonómico de Canarias para que apruebe, sin dilaciones ni sustituciones, la enmienda a la Ley de Ordenación del Turismo que establece la obligatoriedad de instalar camas elevables mecanizadas, así como los carros motorizados en los establecimientos turísticos del archipiélago.
Esta medida es una reivindicación histórica de las camareras de pisos y una condición indispensable para la mejora real de sus condiciones laborales y de salud, en línea con los principios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La manipulación manual de camas pesadas y el arrastre de carros pesados por caminos y desniveles es una de las principales causas de lesiones musculoesqueléticas entre estas trabajadoras, por lo que dotar a los hoteles de camas elevables no es un lujo ni una opción, sino una necesidad preventiva.
La Federación Sindical Canaria insta a los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad y a no ceder a las presiones del lobby turístico, priorizando los derechos laborales y la salud de las trabajadoras del sector frente a los intereses económicos del empresariado hostelero.
Asimismo, y en este contexto, la Federación Sindical Canaria ha solicitado al Gobierno de Canarias que se comprometa, en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, a dirigirse al Gobierno del Estado para que reconozca a las camareras de pisos como un colectivo especialmente vulnerable, debido a las condiciones de penosidad y morbilidad acreditadas en numerosos estudios técnicos y médicos. Este reconocimiento permitiría facilitar el acceso a la jubilación anticipada por razón de trabajo especialmente penoso, tóxico o peligroso, conforme a lo previsto en el artículo 206 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en la normativa de desarrollo reglamentario.
Reiteramos la urgencia de redactar y aprobar una nueva Ley de Ordenación del Turismo en Canarias que establezca límites claros a la saturación turística, un fenómeno que está impactando gravemente en el territorio, los recursos naturales y la calidad de vida de la ciudadanía canaria.
La actual situación exige valentía política, responsabilidad institucional y una clara voluntad de anteponer los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del archipiélago frente a los intereses económicos del sector turístico.