El tesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez, acudió este martes a declarar en calidad de testigo a los Juzgados de Arrecife dentro del caso Montecarlo, pero salió de allí imputado, dentro de la pieza de la causa que investiga la presunta malversación de fondos en este Consistorio.
Así lo solicitó el fiscal durante el interrogatorio, al entender que hay indicios de delito en la actuación del tesorero. Su declaración era la primera que tenía lugar tras el levantamiento del secreto de sumario sobre esta pieza de la causa, después de que la pasada semana se aplazaran las de otros testigos que habían sido citados.
En San Bartolomé, se investigan los pagos que recibieron las empresas de José Montesinos entre los años 2002 y 2007. La Fiscalía sostiene que se pudo "amañar" el contrato con Montesinos para que se encargara de la recaudación de tributos y que, al margen de ese contrato, cargaba además otras facturas al Ayuntamiento en concepto de asesoramiento, por trabajos que presuntamente no se habrían siquiera realizado.
Hasta ahora, en esta pieza estaban imputados el propio Montesinos, el interventor Carlos Sáenz, el entonces alcalde, Miguel Martín, y los que fueron concejales de Hacienda en esa etapa, Cándido Reguera y Javier Betancort.
"Sería el tesorero"
En su declaración tras ser detenido, que aparece en la parte del sumario sobre la que se acaba de levantar el secreto, Carlos Sáenz negó haber sido él quien propuso la contratación de Montesinos. "Yo desde luego no sugerí a ninguna empresa. Sería el tesorero", afirmó.
Además, al ser preguntado sobre cómo es posible que se le abonaran 80.000 euros de más a las empresas de Montesinos, que actualmente mantiene un litigio judicial con el Ayuntamiento por la reclamación de este dinero, el interventor también señaló al tesorero. "Cuando lo fiscalicé vi bien las cantidades. El tesorero sería el que debería haberme informado. Si yo lo hubiera sabido, desde luego que no se hubiera hecho", afirmó Carlos Saénz en relación a ese pago.
Con respecto a otros pagos a las empresas de Montesinos que están bajo sospecha, de facturas que incluso no estaban firmadas, el interventor Carlos Sáenz alegó que autorizó esos pagos porque "en San Bartolomé no se lleva ese control. Ahora recientemente sí, pero en el año 2002 no".
Algunas de las facturas que se abonaron no constaban siquiera en el Registro del Ayuntamiento y tampoco tenían las firmas exigidas legalmente para su tramitación. "En ese año así funcionaba el Ayuntamiento. Tendría que comprobarlo", respondió el interventor a preguntas del fiscal sobre pagos concretos.
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