19/Sep/2017

EL PARLAMENTO EUROPEO TAMBIÉN ANALIZARÁ LA LEY TURÍSTICA DE ISLAS VERDES

Santiago Pérez celebra que Europa decida mantener abierta la petición para investigar la Ley del Suelo

El Gobierno de Canarias fracasa en su intento de que se archivara la denuncia de la Plataforma 'Canarias Por un Territorio Sostenible'

Santiago Pérez celebra que Europa decida mantener abierta la petición para investigar la Ley del Suelo

El profesor de Derecho Constitucional y concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha celebrado que el Parlamento Europeo haya decidido mantener abiertas la peticiones para que se investigue si la Ley del Suelo y la Ley Turística de Islas Verdes vulneran la legislación europea en materia medioambiental. Y no sólo eso, sino que además las denuncias se remitirán también para su análisis a la Comisión de Medio Ambiente, según ha explicado en Radio Lanzarote-Onda Cero. 

Santiago Pérez, redactor de las denuncias presentadas por la Plataforma 'Canarias Por un Territorio Sostenible' de la que es miembro, compareció el pasado jueves 7 de septiembre en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer que las leyes del Gobierno de Fernando Clavijo "vulneran" la normativa europea. 

A la cita, el Gobierno de Canarias acudió "con una representación de cinco miembros", algo que "no es habitual", "y con una estrategia decidida", la de "tratar que esas investigaciones y estudios parlamentarios se archivara", según el denunciante . Sin embargo, "fracasó" en su intento. La delegación canaria contó además "con el apoyo" del eurodiputado del PP, Gabriel Matos, y de la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, "aliado electoral de CC en las elecciones europeas", quien "habló claramente a favor de que se cerraran ambas investigaciones". "Pero han quedado abiertas las dos y además trasladadas también a la Comisión de Medio Ambiente", ha apuntado Pérez. 

"Canarias no es una identidad independiente, sino autónoma, dentro del marco español. En el marco medioambiental, Canarias debe atenerse a las normas básicas, que son las europeas y las estatales, que transponen las normas europeas. De ahí no se puede salir. Nosotros en Canarias podemos reforzar la protección sobre nuestro medioambiente, pero lo que no podemos hacer es reducirla", ha expuesto Santiago Pérez, que considera que esto es lo que se hace en la Ley del Suelo y en la Ley Turística de Islas Verdes. 

 

Espera que el PSOE presente un recurso de inconstitucionalidad 


A juicio del denunciante de ambas leyes, "la famosa simplificación y liberalización" de la que habla el Gobierno de Canarias "es un juego de palabras, casi de trilerismo político". "La Ley de Islas Verdes contradice el derecho europeo porque, en su tramitación, se metieron forzadamente los mecanismos más agresivos de la Ley del Suelo, que son los proyectos de interés insular, que en la Ley de Islas Verdes se llaman proyectos de interés turístico singular, pero es la misma figura. Una figura que permite saltarse las normas de planeamiento y aprobar directamente proyectos, incluso al margen del planeamiento por una mera decisión institucional de la administración de turno, y ejecutarlo en toda clase de suelo con independencia de su clasificación urbanística", ha señalado. 

"Esto no puede quedar inadvertido para las autoridades europeas", considera Pérez, "ni para el Tribunal Constitucional". A este respecto, ha recordado que Podemos ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad y ha señalado que le gustaría que el PSOE hiciera lo mismo, "ya que en el debate parlamentario votó en contra". 

Y es que, el profesor de Derecho Constitucional y concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna cree que "hay motivos de inconstitucionalidad". "Pero no sólo en mi modesta opinión. También el Consejo Consultivo de Canarias, cuando emitió un dictamen sobre el anteproyecto de ley, formuló algunos reparos de inconstitucionalidad muy serio, pero el Gobierno de Canarias pasó, miró para otro lado y se despachó sobre el dictamen con un informe bastante poco respetuoso en las formas y bastante falto de contenido en el fondo", ha apuntado Santiago Pérez, que ha criticado además que el Ejecutivo canario hiciera este contrainforme. "Una vez emitido dictamen del Consejo Consultivo, el Gobierno o atiende sus recomendaciones o las ignora, que fue lo que hizo, pero no hay contrainformes, aunque esto siempre lo hace Clavijo", ha añadido. 

 

Critica que Clavijo esté "a las órdenes de la patronal de la construcción"


Pérez también ha explicado que, "en la Unión Europea, el medioambiente tiene una garantía principal" que es "la evaluación ambiental estratégica de los planes y de los programas". "Pero ese procedimiento no lo puede tramitar la misma administración que está tramitando el Plan", ha puntualizado el miembro de la Plataforma 'Canarias Por un Territorio Sostenible', sino que "tiene que ser un organismo autónomo con respecto a quien va a aprobar el planeamiento". Sin embargo, "lo que hace la Ley del Suelo es que permite a las administraciones que están tramitando el planeamiento nombrar al órgano medioambiental. Con esto, la garantía se desvanece", ha afirmado.  

"Esto es uno de los asuntos que está perfectamente establecido en la legislación europea. La evaluación ambiental estratégica es la principal garantía europea para la protección del medio ambiente y también en la legislación española. Y en esta Ley del Suelo, Fernando Clavijo y sus inspiradores, en mi opinión, vienen pasándose de listos desde hace tiempo, aunque que todos sabemos por qué, porque están a las órdenes de la patronal de la construcción. Y la patronal de la construcción es una patronal muy respetable como lo son los constructores, pero el poder no puede estar en sus manos, porque entonces Dios nos libre", ha manifestado el denunciante de la ley. 

Santiago Pérez es consciente de que la Ley del Suelo, que entró en vigor el 1 de septiembre, empezará a aplicarse. Ante ello, ha señalado que cuando empiece a hacerse "habrá que intentar impugnar estos actos ante los jueces españoles". Que también son europeos, y por eso también lo hemos llevado a la UE, para que los jueces españoles sean conscientes de que son también jueces europeos y de que cuando dictan una sentencia deben aplicar la legislación europea, que es prevalente", ha concluido. 

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