Los miembros de la Plataforma contra la Ley del Suelo dieron respuesta este jueves en Lanzarote a los argumentos que repite el Gobierno de Canarias, y en particular Coalición Canaria, en defensa de este anteproyecto. De hecho, ése es precisamente el objetivo de este movimiento que ha unido a partidos, sindicatos y colectivos de todas las islas: abrir el debate a toda la sociedad y explicar qué supone realmente esta ley, que consideran que puede hipotecar el futuro de Canarias, resucitando "la burbuja inmobiliaria".
Hasta ahora, consideran que desde el Gobierno canario, con su presidente Fernando Clavijo a la cabeza, han repetido "como mantras" unos mensajes que son los únicos que han llegado a la población, pero que sostienen que son "falsos". Y uno de los objetivos del acto celebrado este jueves en la Fundación César Manrique fue dar respuesta a todos ellos.
- "La ley creará empleo"
El encargado de responder a esta afirmación que han planteado repetidamente Fernando Clavijo y su partido fue precisamente un sindicalista, que la tachó de "propaganda engañosa". "Yo no conozco ninguna ley que cree empleo", comenzó advirtiendo el secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez. Como ejemplo, se refirió a la última reforma laboral, que también se justificó afirmando que crearía puestos de trabajo, pero que terminó siendo "una coartada por la que nos desposeyeron de salario, de derechos, de dignidad en el empleo".
"Ahora nos dicen lo mismo. Lo que no nos dicen es qué empleos se crearán, ni qué calidad de empleo, ni qué empleos se destruyen", subrayó el sindicalista. Además, insistió en que "siempre que se hacen cosas, se dice que van a crear empleo". "Nos han desposeído de derechos y ahora nos van a desposeer hasta del territorio", advirtió.
También el representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, coincidió en que con este argumento que esgrime CC, "nos mienten y nos venden la moto". Por su parte, el director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, lamentó que "no hemos aprendido nada del saqueo" que supuso la "burbuja inmobiliaria" y el "desarrollismo de los años 60", ya que considera que esta ley pretende volver a ese modelo. Al respecto, señaló que eso trajo la actual situación laboral, con "los contratos basura, las jornadas laborales inhumanas, las horas extra que no se pagan…"
"Da solución a la maraña legal que existe"
El que ha sido una figura destacada en la ordenación territorial de Canarias y en el modelo de desarrollo sostenible, Faustino García Márquez, fue quien contestó a este argumento defendido por CC. Y lo hizo afirmando que ha sido precisamente este partido quien ha creado esa "maraña" legal en los últimos años.
Tras recordar que la primera legislación hacia ese modelo sostenible se aprobó por consenso, García Márquez agregó que no ha pasado lo mismo con las siguientes modificaciones legales, que fueron aprobadas "por una parte" del Parlamento, y "para dar solución a una parte". "Eso es lo que ha construido esta maraña", advirtió, denunciando que con esa "excusa", ahora se pretende "cambiar el modelo" territorial de Canarias.
Utilizando una metáfora para describir lo que ha ocurrido con las leyes territoriales en Canarias, y en particular con la Ley de Directrices que "ahora pretenden dinamitar", García Márquez afirmó que es "como si te compras un coche de lujo", pero no le haces ninguna revisión, ni mantenimiento, "y después de 20 años, cuando se está cayendo a chachos, esperas que funcione".
En su opinión, sí es necesaria una nueva ley, porque es "imposible refundir el maremágnum que se había puesto sobre la ley original". Y también admite que será necesario "corregir cosas, por qué no". Sin embargo, considera que "en lugar de eso, lo que dicen" desde el Gobierno canario "es que hay que cambiar el modelo". "Se pretende utilizar el territorio para generar riqueza y volver a 1960, a la burbuja inmobiliaria", advirtió, insistiendo además en que esta ley supone "potenciar a los municipios debilitando a las islas y volando explosivamente a la comunidad autónoma".
"Permitirá agilizar los trámites burocráticos"
Otro de los mensajes que más se han escuchado en defensa de la Ley es que permitirá "agilizar" los trámites para aprobar planeamientos o autorizar proyectos, cuestionando la lentitud del sistema actual. "No se pueden tardar doce años en aprobar un plan general, nos dicen", recordó Fernando Gómez Aguilera. Sin embargo, a continuación recordó que con el Plan General Supletorio de Yaiza "no se tardó eso".
Concretamente, detalló que con ese documento solo tardaron tres años, desde que se empezó a tramitar hasta que entró en vigor. "Pero todos sabemos lo que había detrás", apostilló a continuación, en referencia a la situación de Playa Blanca y de los hoteles ilegales. Además, subrayó que este documento se tramitó con celeridad pese a que los responsables de su elaboración "hablaron de su complejidad jurídica" y pese a que coincidió "con cambios legislativos importantes de por medio".
"Cuando la administración quiere hacer las cosas por la vía rápida, también lo podía hacer con la anterior legislación", concluyó el director de la FCM. De hecho, desde la Plataforma consideran que la nueva ley retrasará incluso más la aprobación de los planes generales, por la falta de medios en muchos ayuntamientos en los que ahora se descargan las competencias, y también porque el permitir autorizar proyectos a través de vías de excepción, desincentivará la tramitación de esos planes. "¿Quién va a hacer un Plan General si tiene siete instrumentos para aprobar proyectos por la vía de la excepcionalidad?", se preguntó Faustino García Márquez. Y lo mismo aplicó a los planes insulares, citando palabras de la propia consejera de Política Territorial, que afirmó que si un plan insular se retrasa, igualmente se podrán aprobar proyectos "de interés insular", acogiéndose a esas vías excepcionales. "Así, el plan Insular no saldrá nunca", advirtió García Márquez.
"El anteproyecto está abierto a la participación"
Sobre esta afirmación que ha repetido el Gobierno de Canarias, la Plataforma se muestra tajante. Según el secretario insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria, Antonio Pérez, "a determinados empresarios les dieron un papel en blanco" cuando se empezó a elaborar este documento, pero al resto le "enseñaron el anteproyecto de ley cuando ya estaba terminado". "Contaron con unos agentes desde el principio y con otros cuando ya estaba hecho", denunció en su intervención, advirtiendo de que esto "no es casual" y responde al objetivo de que esa ley "tenga un ADN de una terminada relación del hombre con su territorio".
"Vinieron con el proyecto debajo del brazo", advirtió por su parte el director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera. Y en su opinión, eso "lo invalida y hace que sea necesario empezar el proceso de nuevo". Además, señaló que aunque ahora desde el Gobierno informen u organicen charlas, "eso no es participación, eso es manipular lo que significa la participación".
Además, hicieron hincapié en que este anteproyecto de ley se ha elaborado "en 90 días" y contrapusieron este caso al del País Vasco, donde "han abierto un proceso de participación de tres años para aprobar una nueva ley de directrices de ordenación del territorio". "No sé por qué ellos necesitan tres años. Igual es que los canarios somos más ágiles", ironizó Antonio Pérez. Y en la misma idea insistió Gómez Aguilera, mostrando incluso la web del Gobierno vasco, donde se invita a los ciudadanos a participar y hacer aportaciones a ese proceso. "Hay modelos alternativos. No estamos fuera de la realidad", concluyó sobre este punto.
"No crea más suelo urbanizable"
"Es falso que no se vaya a crear más suelo urbanizable". Con esa contundencia respondió Faustino García Márquez a otro de los mensajes más repetidos desde CC y el Gobierno canario. Por un lado, explicó que la nueva ley convierte en "inextinguible" el suelo urbanizable, ya que el promotor "no tienen obligación de sujeción a ningún plazo" para desarrollarlo. Pero sobre todo, insistió en los nuevos usos que se permiten en el suelo rústico y también en las puertas que se abren a través de 7 vías de excepcionalidad, cinco de las cuales permiten "llevar cualquier proyecto a cualquier rincón de suelo rústico", solo declarando su "interés social". "No es que sean proyectos discrecionales, es que son proyectos arbitrarios", subrayó, insistiendo en que esto abre la puerta a la "especulación" y a los "pelotazos", ya que además se podrán aprobar "sin evaluación ambiental".
A esto, se suman los nuevos usos que se permiten en suelo rústico, según el anteproyecto de ley. Al respecto, García Márquez señaló que eso en la práctica supone abrir la puerta a cualquier tipo de proyecto, ya que incluyen "uso deportivo, de ocio, divulgativo, docente" y "cualquier otro uso que suponga un ingreso adicional al uso agrícola". "Se me ocurren un montón de usos que pueden generar ingresos complementarios. Desde la venta de droga hasta lo que a ustedes se les ocurra", advirtió. Además, a esos usos que pasarían a considerarse "propios" del suelo rústico, también se agregan otros usos "impropios" que podrían autorizarse. Por ejemplo, Faustino García Márquez sostuvo que según se recoge en el anteproyecto de la nueva ley, podría autorizarse cualquier proyecto en suelo rústico "si se hace en un edificio preexistente", y que "bastaría con una licencia municipal" para autorizarlo. En este caso "ni siquiera necesita que se apruebe el interés social", apostilló.
Y todo ello, en su opinión, está dirigido a "seguir escachando el suelo rústico". Al respecto, recordó que la actual legislación permite mantener las construcciones que existían antes de su entrada en vigor, pero agregó que la nueva ley reconoce a los "pequeños asentamientos" en suelo rústico "un generoso perímetro de 200 metros". Y esto, considera que implica que esos asentamientos pasen a ser como "amebas fofas, con una orla alrededor para moverse y seguir reptando por el territorio".
