El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, pretende someter a votación este jueves el convenio que ha alcanzado con Club Lanzarote y, para defender este acuerdo, ha entregado tres informes a los miembros del Consorcio del Agua y del Consejo Insular de Aguas que deben pronunciarse. Sin embargo, solo uno de esos informes ha sido realizado por una jurista de la Corporación, María Eugenia Torres, que es la misma que firmó un dictamen encargado por San Ginés para defender la vigencia del Plan Especial de La Geria, que después fue declarado ilegal por los tribunales, cuando la jurista Joana Macías advirtió de sus vicios de nulidad.
Los otros dos informes sobre el convenio han sido elaborados por dos "abogados externos", David Monte López -a quien el presidente ya ha encargado otros dictámenes y pleitos, incluso con esta misma empresa- e Ignacio Andrés Herrero Ortiz. Y pese a que se trata de informes distintos, ambos incluyen párrafos idénticos, palabra por palabra. Además, esa ‘coincidencia’ se da justo en la parte final de los informes, en los tres últimos párrafos dedicados a las conclusiones.
"A la vista de lo expuesto este letrado considera que dadas las circunstancias del caso, todas las actuaciones y resoluciones del Consejo fueron jurídicamente correctas, razonables y proporcionadas, razonabilidad que se desprende del hecho de que Club Lanzarote asuma el convenio que se pretende firmar", señalan de manera literal ambos dictámenes. Así, además de analizar la legalidad de este convenio, van incluso más allá, extrapolando su contenido a algo sobre lo que el convenio no se pronuncia, como es la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por la que está imputado San Ginés y pendiente de juicio.
Dice que "no había actuación ilícita" en la incautación, ya declarada ilegal
"El convenio establece que Club Lanzarote no tiene nada que reclamar al Consejo en concepto de daños y perjuicios, por lo que se desprende, a juicio de este letrado, que no había ni actuación ilícita de la Administración, ni daño antijurídico en la incautación de la desaladora y resto de infraestructura", llega a sostener David Monte en otro apartado de su informe, pese a que esa incautación ya fue anulada con sentencia firme.
Por su parte, la jurista del Cabildo María Eugenia Torres realiza también una afirmación similar, pese a que el convenio no hace ninguna referencia expresa a la incautación, sino a los expedientes abiertos después por San Ginés a la empresa, cuando la Justicia le obligó a devolverle las plantas. "Tal como indicamos en nuestros informes y frente a la reclamación de Club Lanzarote, no existía ni daño antijurídico por la incautación, ni nexo entre la anulación del acto y los daños que se reclaman", sostiene la jurista, basándose en que "en el convenio, Club Lanzarote acepta no exigir reclamación alguna" y concluyendo que "en consecuencia", acepta "la posición del Consejo".
Además, también señala que considera "obvio" que la desaladora, la depuradora y el resto de infraestructura hidráulica de Montaña Roja "son dotaciones públicas", pese a que la Justicia ordenó devolver esas plantas a Club Lanzarote cuando se anuló y declaró ilegal la incautación ordenada en septiembre de 2014 por San Ginés.
Un informe "con imparcialidad" y "sin sujeción a ninguna indicación"
En cuanto a Herrero Ortiz, en su informe explica que se le encargó este dictamen el 14 de agosto y lo entregó el 18 de agosto, cuatro días después. Y también comienza señalando que al aceptar el encargo se comprometió "a realizarlo con imparcialidad, sin sujeción a ninguna indicación sobre su contenido y conclusiones y con la finalidad de ofrecer una valoración jurídica objetiva".
A continuación, dedica la mayor parte de su informe de 23 folios a reproducir el texto del convenio y también estatutos y competencias del Consejo Insular de Aguas, para concluir con tres párrafos finales idénticos a los presentados por el otro letrado externo al que se le realizó este encargo, y que presentó su informe el pasado 10 de agosto.
Además del párrafo literal citado anteriormente, hay otros dos que también son prácticamente iguales. En ellos, se repiten de forma textual frases como "el convenio cumple con las premisas defendidas por los servicios jurídicos del Consejo"; "se garantiza la igualdad de los vecinos de Montaña Roja con respecto al resto de Ciudadanos de la isla y, finalmente, Club Lanzarote asume todos los costes del servicio hasta la recepción de la urbanización"; y "dicho convenio no es contrario al ordenamiento jurídico o lesivo al interés público o de terceros, desde el momento en que el mismo debe y va a ser remitido a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para que, mediante auto, determinen el fin del proceso".
