Ciudadanos (Cs) ha presentado “una batería de alegaciones” a la convocatoria para la selección y nombramiento del personal funcionario interno del órgano de gestión tributaria del Cabildo de Lanzarote, ya que considera que “tal y como están redactadas son un coladero para posibles enchufes a costa de la institución insular”.
Así lo ha manifestado el consejero de Cs en el Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, quien ha señalado que, "entre otros incumplimientos, no se ha negociado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los funcionarios de la corporación, ni se ha justificado o motivado la necesidad de esas plazas”.
Asimismo, subraya que tampoco “se ha respetado el derecho a recibir información” que tienen los trabajadores, puesto que “no se ha nombrado, ni hecho público, el nombre del representante sindical que ha de velar por el buen funcionamiento del procedimiento y porque se respeten los derechos de los trabajadores”.
"No respeta los principios de igualdad en el acceso"
Además, Perdomo cuestiona que se ha planteado un “sistema de concurso generalizado que sólo puede usarse para plazas de los grupos A y B”. Al respecto, señala que “no es legal que se utilice sólo la valoración de méritos para cubrir las plazas del órgano de gestión tributaria”, ya que este sistema “sólo puede usarse de manera excepcional en casos de que sean plazas de grupos A o B, por razón de las funciones y por la tecnificación requerida”.
"Si no fuera suficiente con estos antecedentes, el concurso convocado tampoco respeta los principios de igualdad en el acceso, ya que excluye a los funcionarios de carrera e interinos”, insiste el consejero de Ciudadanos. Además, considera “llamativo" que "no se valoren las titulaciones superiores, ni otros cursos de capacitación que no sean de materia tributaria”, y cree que tiene “visos de no respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en otros aspectos relativos a la valoración de méritos y al acceso a los puestos ofertados”.
Por último, el representante de Ciudadanos ha alertado de que “se va a incumplir los plazos legales establecidos para presentar subsanación de errores”, puesto que “se ha fijado para ello un plazo de cinco días naturales, cuando por ley ha de ser de 10 días”. Al respecto, Perdomo ha indicado que “no se ha declarado la urgencia para acordar la reducción de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario”, por lo que “ha de respetarse el plazo establecido en el artículo 68 de la Ley de Régimen Común”.
