El Cabildo de Lanzarote lamenta profundamente que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy haya aprobado este viernes en Consejo de Ministros la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), al objeto de ilegalizar la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas que la multinacional Repsol prevé iniciar en las próximas semanas. En consonancia con otras instituciones de Canarias, el Cabildo de Lanzarote expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional respalde en esta ocasión la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas, al entender que se trata de un derecho ciudadano absolutamente legítimo, democrático, y respetuoso y compatible con los preceptos de la Constitución española.
El recurso presentado por el Gobierno de España ante el TC supone la suspensión automática y cautelar del proceso, pero no impide que el Alto Tribunal dictamine una resolución favorable a las tesis defendidas por las instituciones canarias (Gobierno y Cabildos) sobre la continuidad o no de esta medida cautelar. Para ello se dispone de un plazo de cinco meses.
El Cabildo de Lanzarote entiende que tanto el marco normativo de la consulta como la propia pregunta planteada a la ciudadanía son plenamente constitucionales al estar amparadas por la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana que, además de válida y eficaz, no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España. La Corporación lanzaroteña desmiente "de forma nítida y rotunda a los dirigentes del Partido Popular que afirman que la consulta representa en realidad un referéndum encubierto, ya que en ningún momento se alude al cuerpo electoral o al censo, ni se gestiona por la Administración electoral. La consulta prevé que la ciudadanía canaria pueda expresar su opinión por medios telemáticos y también de forma presencial y, sobre la pregunta planteada en la que sería la primera consulta popular en la historia de la democracia en Canarias, ésta no debería implicar elemento alguno de ilegalidad de ninguna clase".
"El derecho a que las personas puedan manifestar su opinión de forma pacífica y libre sobre un asunto que ha generado honda e inédita preocupación en el conjunto de la sociedad canaria, y que constituye además un elemento de acreditada afectación para los intereses más vitales de Canarias, no puede ser cercenado por una decisión política de un Gobierno que aplica criterios opuestos en Comunidades Autónomas diferentes en función de su exclusivo interés electoral", señalan desde el Cabildo.
El Cabildo de Lanzarote continuará trabajando para que "los canarios y canarias tengan la libertad de poder expresarse sobre un tema de la máxima relevancia para su futuro, y denunciará sin paliativos esta y las restantes nuevas decisiones que adopte el Gobierno de España en su pretensión de amordazar la voz de miles de personas de las Islas".
Por otro lado, la primera institución pública de Lanzarote culmina esta semana una serie de preparativos documentales que serán expuestos en los próximos días en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, y en los más destacados ámbitos del turismo europeo, sector que, entre otros muchos a nivel internacional, han mostrado su alarma por las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura.
