La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha solicitado el pasado 14 de abril al Gobierno de Canarias reforzar "de urgencia", con el nombramiento de una funcionaria, al Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife para enfrentar la investigación de "la compleja causa por corrupción" de San Ginés. Esta presunta trama afecta al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y expresidente del mismo organismo, Pedro San Ginés.
De acuerdo con la Sala de Gobierno del TSJC, este nombramiento debe ser "inmediato" por la complejidad de la causa de corrupción. Además destacó que "el nombramiento de refuerzos en estos supuestos no puede quedar supeditado al calendario preestablecido de reuniones de la mesa sectorial de negociación del personal funcionario, es decir, cada trimestre, debiendo acudirse a procedimientos de urgencia en los que, sin mengua del principio de audiencia de los sindicatos, se dé efectiva e inmediata respuesta a situaciones que no admiten demora".
En el procedimiento se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, blanqueo y cohecho, relacionados con los pagos millonarios que recibió el abogado Ignacio Calatayud bajo la presidencia de San Ginés. Entre otros puntos, la instrucción puso el foco en la vivienda en la que reside el expresidente, propiedad del suegro de Calatayud, el abogado Felipe Fernández Camero, también investigado en una de las piezas del caso Unión.
Cambio de Juzgado
Hace un año, el entonces instructor de la causa Jerónimo Alonso ya había solicitado refuerzos. Entonces se le otorgó el apoyo de una funcionaria en comisión de servicio, pero luego no fue renovada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez.
Tras un recurso presentado por la defensa del investigado Ignacio Calatayud, la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió regresar la causa al juez Ricardo Fiestras, del Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife. El letrado de Calatayud había solicitado el pasado mes de marzo a la Audiencia el cambio de juez titular al estimar que Alonso no era "competente" para investigarlo, porque esos mismos pagos ya estuvieron en la lupa del juez Fiestras, quien había archivado el caso en 2016.
Ya con la causa en manos de Ricardo Fiestras y según reza el acta de la sesión plenaria celebrada en abril de este año a la que ha tenido acceso La Voz, este Juzgado solicitó que se volviese a nombrar a esta funcionaria del Cuerpo de Gestión que había colaborado en la tramitación de las diligencias previas con el Juzgado de Instrucción número dos. Además, el TSJC acordó comunicar la petición de refuerzo "de urgencia" a la directora general de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.
En este sentido, destacó que el cese del refuerzo no puede darse por finalizado, "en ningún caso", sin un informe previo del magistrado instructor.
El acuerdo de la Sala de Gobierno fue remitido tanto a Ricardo Fiestras, como juez instructor, como a la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) del Consejo General del Poder Judicial.
Caso Mediador
Tal y como ha adelantado La Provincia, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias también ha solicitado al Gobierno de Canarias un refuerzo "inmediato" para el juzgado de Tenerife que instruye el conocido caso Mediador. Para el TSJC ambos casos "complejos" de corrupción requieren de apoyos en el marco de su investigación.